La UE ha cerrado la pasada noche un acuerdo final sobre la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza que en los últimos meses ha dividido el bloque entre ecologistas y partidos de izquierda, verdes y liberalse a favor de una norma que obligue a recuperar espacios degradados y partidos de la derecha y ultraderecha y el sector agrario, en contra de una iniciativa que creían que iría en contra de la soberanía alimentaria europea. Finalmente, las tres instituciones de la UE han acordado un texto final que, con excepciones y posibilidades de dar marcha atrás, obligará a los gobiernos europeos a aplicar planes nacionales para restaurar al menos el 20% de los ecosistemas marinos y terrestres en 2030.

Según el texto cerrado casi a medianoche, para 2050 los Estados miembros también tendrán que poner medidas para restaurar todos los ecosistemas que necesiten ser restaurados.

Estos son los objetivos genéricos, aunque la ley -a la que ahora solo le falta ser refrendada formalmente por el Parlamento y el Consejo, que este jueves la han acordado- fija una serie de umbrales para distintos ecosistemas, como tierra agrícola, bosques, ciudades y ecosistemas marinos y de agua dulce.

El acuerdo se ha cerrado en el llamado trílogo, la negociación directa entre las posiciones acordadas previamente por parte del Parlamento y del Consejo de la UE -los gobiernos- junto con la Comisión, de quien procede la propuesta inicial, que ha terminado un poco rebajada para poder dar cabida a las negativas y reticencias que ha afrontado durante meses esta ley que forma parte del Pacto Verde y que se ha convertido en un campo de batalla entre quienes quieren acelerar con la transición ecológica frente a quienes ralentizar el proceso, por un temor del sector agrícola a verse perjudicado que en ocasiones ha sido utilizado por los grupos de ultraderecha, negacionistas del cambio climático. Estas divergencias también se dejaron notar a escala nacional, con el PSOE apoyando la ley y el PP y Vox, votando en contra de que continuase su tramitación en la Eurocámara.

En la negociación final de este jueves en el Parlamento Europeo los defensores de las posturas de la Eurocámara y del Consejo eran dos socialistas españoles. Por una parte, el exsecretario de Organización del PSOE y hoy eurodiputado César Luena, ponente del Parlamento Europeo. Por otra, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en tanto que presidenta semestral del Consejo de Medio Ambiente. Como el comisario del ramo, Virginijus Sinkevicius, ambos se han felicitado por un acuerdo para que la UE tenga una ley que han asegurado que protegerá y restaurará la naturaleza sin dañar al sector agrícola.

"Hemos llegado a un acuerdo muy importante" que "impacta en el bienestar de las personas y en la viabilidad de la mayor parte de nuestras actividades, incluida, cómo no, la seguridad alimentaria", ha señalado Ribera. "La UE tendrá una ley para restaurar sus ecosistemas, una ley que respetará nuestros compromisos internacionales [en materia de biodiversidad] y que beneficiará a nuestros ciudadanos", ha asegurado Luena.

Bosques, ríos, humedales

La ley europea que se terminó de acordar en la noche de este jueves -y que los gobiernos deberán trasponer a sus legislaciones nacionales- establece un objetivo general de restaurar mediante planes nacionales el 20% de los ecosistemas marinos y terrestres para 2030 y también para restaurar al menos el 30% de los ecosistemas que en malas condiciones de un listado donde se incluyen áreas terrestres, costeras, de ecosistemas de agua dulce, incluidos humedales, pastizales, ríos, lagos y bosques, donde se incluye un llamamiento para que los Estados miembros contribuyan a plantar al menos tres mil millones de árboles para 2030. 

Todas las acciones deberán quedar plasmadas en los planes nacionales de restauración en los que cada país deberá informar a la Comisión Europea de lo que va a hacer, primero hasta junio de 2032 y después hasta el año 2042, cuando tendrán que presentar un plan hasta 2050.

Según lo acordado, hasta 2030 al menos no se incluirán nuevas zonas en la Red Natura 2000 y los países deberán priorizar la restauración de áreas que queden dentro de esta zona de protección especial. Además, los gobiernos europeos también tendrán que establecer para 2040 medidas para restaurar al menos el 60% de los hábitats en "pobres condiciones" y en el 90% de las que se encuentren en ese estado para 2050.

En ecosistemas urbanos, por ejemplo, la futura ley obligará a los Estados miembros a incrementar las zonas verdes hasta que se logre un "nivel satisfactorio". Para ello, al menos, deberán garantizar que no se pierden espacios verdes con respecto al momento en que la ley empiece a aplicarse, a menos que en exista ya un 45% de zonas verdes.

Freno de emergencia

Esta es una de las salvaguardas en una acuerdo que ha tenido que superar fuertes presiones en contra por parte del sector agrícola y de los partidos de derecha y ultraderecha en la UE y en la que algunos veían también a los sectores económicos más contaminantes.

En este sentido, el acuerdo establece que en 2033 la Comisión revisará la aplicación de la ley y sus impactos en los sectores agrícola, pesquero y forestal y también sus efectos más amplios en el plano socio-económico y determinará si es necesario activar un "freno de emergencia". "El texto también introduce la posibilidad de suspender provisiones si la ley relativas a ecosistemas agrícolas durante un año en caso de eventos inesperados y excepcionales fuera del control de la UE y con consecuencias severas para la seguridad alimentaria de la UE", dice el texto del acuerdo.

En este sentido, Ribera ha explicado que habrá excepciones "cuando por razones de emergencia no puedan llevarse a cabo los planes previstos". El acuerdo incluye "flexibilidades para situaciones que vayan más allá de los esfuerzos de los Estados miembros", pero ha destacado que "por encima de todo  restaura ecosistemas terrestres y marinos".

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