La Europa unida cumple 73 años. Un hito que tiene lugar en un momento crítico para nuestro continente, con la guerra de Ucrania en primer plano. La decisión de Putin de invadir este país vecino ha activado de nuevo el europeísmo. Por un lado, ha espoleado la unión comunitaria en defensa, trasladando el peso de la discusión de nuestras intervenciones en crisis extranjeras –hasta entonces bajo el paraguas de la OTAN– hacia un núcleo político que hemos denominado «autonomía estratégica» con el que, en palabras del Alto Representante, Josep Borrell, los europeos tomamos «las riendas de nuestro propio destino en un mundo cada vez más hostil». Por el otro, la guerra en Ucrania ha acelerado gradualmente y con éxito nuestra transición energética, comenzando por eliminar nuestra dependencia de combustibles fósiles rusos e incrementando las inversiones en renovables. Putin seguramente tampoco vio venir los diez paquetes de sanciones aprobados desde el año pasado, la activación por primera vez de la Directiva de protección temporal (de la que se han beneficiado ya más de cuatro millones de ucranianos desplazados a la UE), el firme apoyo militar de los Estados miembros y de la UE a Ucrania (que supera los 12 mil millones de euros) o los casi 40 mil millones que se han movilizado hasta ahora para ayudar económicamente al país. Aunque es bien conocido que Europa se crece ante las dificultades, sospecho que la asistencia prestada y el compromiso de la Unión han pillado a más de uno de sorpresa. La pandemia del covid-19 demuestra esta resiliencia comunitaria. El acuerdo histórico para crear los fondos europeos de recuperación cumple tres años en julio. España, el país a la cabeza en cumplimiento de su Plan de Recuperación y, por tanto, en recepción de los pagos, ha recibido ya el equivalente al 53% del total que nos corresponde en transferencias no reembolsables. Dicho de otra manera, más de 37 mil millones de euros percibidos gracias al esfuerzo ingente y al excelente trabajo del Gobierno de España. Además de las reformas comprometidas y en curso (como la reciente reforma de la Formación Profesional o la ley de pensiones), nuestro Gobierno moderniza el país de arriba a abajo con proyectos estratégicos como el PERTE del coche eléctrico o el PERTE del hidrógeno verde. Por ser precisos, en La Rioja se han invertido hasta el momento 327 millones de euros procedentes de Europa. Nuestra comunidad, de hecho, es la primera del país si medimos los fondos NextGeneration per cápita. Estos dos ejes, la guerra en Ucrania y la recuperación tras la pandemia, han acaparado muchos titulares este año. Otros avances legislativos no han recibido tanta atención mediática a pesar de su importancia y de estar, incluso, vinculados a los primeros. La reforma con la que lograr nuestra independencia energética y completar nuestra transición ecológica está en marcha. Así, por ejemplo, hemos acordado un objetivo vinculante del 42,5% de energías renovables en el consumo energético total de la UE para 2030, una partida extra de 20 mil millones de euros para la transición verde en el Plan para poner fin a la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles rusos y unos objetivos de ahorro y eficiencia energética para esta década más duros que los previamente establecidos (del 9% a 11,7%). Todo ello sin olvidar el límite fijado a los llamados «beneficios caídos del cielo» de las empresas energéticas (más de 140 mil millones para amortiguar el golpe de las facturas desorbitadas de energía del pasado invierno) ni la excepción ibérica, ese mecanismo extraordinario que España y Portugal consiguieron arrancar a Bruselas y con el que nos hemos ahorrado los consumidores nacionales más de cinco mil millones de euros desde junio del año pasado. El tope al gasha funcionado tan bien que hace muy poco el Ejecutivo comunitario autorizó su prórroga hasta el año que viene. Pero aún hay más. Aunque es bien conocido que Europa se crece ante las dificultades, sospecho que la asistencia prestada y el compromiso de la Unión han pillado a más de uno de sorpresa Todo el paquete legislativo por el clima –conocido como Fit for 55 («preparados para el 55% de reducción de emisiones para 2030»)– se presentó en 2021 y, en menos de dos años, hemos conseguido completar la tramitación de la mayoría de los once dosieres que lo conforman. Desde las normas para reducir las emisiones de coches y furgonetas (que fijan el fin de la venta de coches nuevos de combustión para 2035) hasta el Fondo Social para el Clima (que destinará a partir de 2026 el dinero recaudado del mercado de emisiones de carbono a ayudar a la población más vulnerable de la UE), pasando por el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (que incentivará a los países extracomunitarios a aumentar su ambición climática). Las instituciones europeas, con el impulso socialdemócrata, han trabajado sin descanso para proteger a los más vulnerables y a las clases medias europeas. En este sentido, los avances registrados en el último año en el pilar europeo de derechos sociales merecen también que los destaque aquí. Por lo que costó sacarla adelante (¡una década!), comienzo con la ley para exigir que las mujeres ocupen al menos el 40% de los sillones de los consejos de empresas que coticen en Bolsa para 2026. Sigo con la Garantía Infantil Europea, para la que hemos reivindicado los eurodiputados un presupuesto específico y un seguimiento de cerca que garantice su aplicación. Continúo con la ley sobre salarios mínimos adecuados, una ley adoptada con la abstención del Partido Popular que garantiza un nivel de vida digno para los trabajadores de la Unión al tiempo que refuerza la negociación colectiva. Y finalizo con una 'ley rider' a escala comunitaria, que conseguimos sacar adelante en diciembre a pesar de la fuerte oposición de los conservadores europeos (PP y Ciudadanos, de hecho, votaron en contra de reforzar los derechos de las personas trabajadoras de las plataformas digitales). Podría seguir este artículo enumerando muchas más acciones de la UE. Pero es tanto lo que hemos logrado juntos y tanto lo que tenemos por delante (empezando con la reforma del mercado eléctrico europeo, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez) que concluyo con lo evidente: la Unión Europea es un experimento de paz y prosperidad único en el mundo. Un proyecto en construcción que funciona y que debemos seguir perfeccionando. Feliz Día de Europa. Artículo disponible en www.larioja.com

Se cumple este viernes un año de la invasión ilegal y unilateral de Ucrania por de Rusia. Muchos creyeron imposible esta agresión en pleno siglo XXI porque este conflicto armado recupera fantasmas y delirios de grandeza de otros tiempos. Esta 'operación especial', como la denomina el Kremlin, en plena Europa desafía el orden mundial. Porque no debemos olvidar que lo que está en juego es mucho más que la integridad de Ucrania. La partida la juega toda Europa porque los anhelos expansionistas de Putin no se detienen en las orillas del Dniéper. Casi nadie pone esto en duda y menos en las cancillerías de nuestros socios nórdicos y del este, donde mantienen un vívido recuerdo de experiencias pasadas. Puede que sea por esto por lo que se ha logrado mantener una posición común. O porque hemos reforzado de manera extraordinaria la Unión en los últimos años desde la pandemia. O porque hemos aprendido la lección de Georgia en 2008 y Crimea en 2014. Seguramente por todo esto y por más los socios europeos han actuado con determinación y rapidez en apoyo de Kíev. Moscú cometió un grave error estratégico al desdeñar la unión política comunitaria. Creía que aplastaría a los ucranianos enseguida ante la inacción europea. Y en su lugar se ha encontrado con una resistencia feroz, un apoyo sólido y un entendimiento mutuo gracias al cual hemos sacado adelante todo un conjunto de medidas que no solo asestan golpes muy importantes a la economía rusa, sino que, además, sirven de impulso hacia la independencia energética con la que lograr la autonomía estratégica de la Unión. ¿Qué hemos hecho? Por un lado, hemos puesto en marcha nueve paquetes de sanciones contra Rusia (con el décimo en camino). Estas incluyen sanciones individuales contra Putin y otras entidades y altos cargos colaboradores en la guerra, la prohibición de las operaciones con el Banco Central de Rusia, el veto de acceso al sistema Swift para diversos bancos rusos, el embargo al carbón, el acero y el petróleo rusos, el compromiso y objetivo de desconexión de los Estados miembros del gas ruso, el cierre del espacio aéreo, los puertos y carreteras comunitarias al tránsito ruso, la suspensión de las licencias de radiodifusión de ciertos medios de desinformación (que no comunicación) rusos, etc. «Creía que aplastaría a los ucranianos ante la inacción europea. Y se ha encontrado con una resistencia feroz» En paralelo, la UE ha asistido económicamente a Ucrania a través de préstamos y subvenciones con 7.200 millones de euros en 2022. Recientemente, ha firmado un acuerdo para continuar esta asistencia económica con hasta 18.000 millones a lo largo de 2023. El Gobierno de España, por ejemplo, ha avalado más de 320 millones de euros para respaldar los programas de asistencia financiera y ha contribuido al fondo del Banco Mundial con otros 100 millones. También aprobamos una ley que permite la liberalización temporal del comercio y otras concesiones para determinados productos ucranianos. Movilizamos entre Bruselas y los Estados miembros 1.700 millones de euros en asistencia humanitaria y asignamos una ayuda de más de 535 millones de euros a través del Mecanismo de Protección Civil. Además, activamos por primera vez en nuestra historia común la Directiva de protección temporal que ha permitido que todos los refugiados ucranianos en territorio de la Unión puedan disfrutar de derechos como el de residencia, trabajo y atención médica. El Gobierno de España ha destacado por su solidaridad en este aspecto al ser uno de los socios más generoso en la interpretación de la directiva. Todo ello sin olvidar, por supuesto, el apoyo al ejército ucraniano. Entre 2022 y 2023 la UE movilizó 3.600 millones de euros en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Los Estados miembros también han optado por el envío de armamento a Ucrania, incluyendo la reciente entrega de tanques como parte de una estrategia de contención hacia Moscú. En este sentido, el Gobierno de España, de nuevo, se ha sumado con más de 238 millones de euros en ayuda militar en la que se incluye el envío de seis Leopards en una primera entrega. De esta forma, Pedro Sánchez mantiene a nuestro país en perfecta coordinación y sintonía con nuestros socios europeos y con los aliados, pues buena parte de estas medidas han sido negociadas en el marco de la OTAN para defender la democracia, el orden internacional y la labor de la diplomacia. Porque, naturalmente, la Unión Europea ha trabajado y trabaja a día de hoy en la vía diplomática, pero sin dudar nunca del apoyo que merece Ucrania como democracia europea frente al autoritarismo expansionista de la Rusia de Putin. Por eso, en el Parlamento Europeo acabamos de aprobar una resolución que reitera nuestra solidaridad inquebrantable con Ucrania al tiempo que pide al Alto Representante, Josep Borrell, que los servicios diplomáticos de la Comisión Europea y de los Estados miembros sigan trabajando en estrecha colaboración. Una posición que reflejaron a la perfección las palabras del propio Borrell: «No entiendo a los que dicen que, para negociar, primero hay que dejar de apoyar militarmente a Ucrania. Al contrario, hay que hacer las dos cosas a la vez». Se trata de defender la democracia europea frente al autoritarismo. Artículo disponible en www.larioja.com

Desde el día 19 de diciembre, la biodiversidad de nuestro planeta, esa variedad de seres vivos que existen en nuestra tierra y océanos, ya cuenta con un marco global para su protección, restauración y uso sostenible. Después de más de dos años de retrasos por parte del país anfitrión, China, debido a la pandemia y a su estricta política de Covid cero, y tras el ofrecimiento de Canadá de acoger la COP15 del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), las 188 Partes presentes en Montreal (el 95% de las 196 Partes del CDB de la ONU), así como Estados Unidos en calidad de observador, aprobaron un acuerdo mundial a 2030 que tiene como objetivo primordial frenar y revertir la alarmante pérdida de especies y dirigir nuestras acciones hacia una relación sostenible con la naturaleza. Este acuerdo histórico y revolucionario por la naturaleza incluye cuatro metas a 2050 y 23 objetivos a 2030 para lograr alcanzar esas metas a 2050. Dos de los puntos más controvertidos durante las más de dos semanas que han durado las negociaciones finales han sido el objetivo de protección de al menos el 30% de las tierras y océanos de aquí a 2030 y la cuestión de la financiación. Sobre el objetivo de protección de al menos el 30% de las tierras y océanos, éste supone un salto cuantitativo importante, en relación a los actuales objetivos de protección del 17% y el 10% de las zonas terrestres y marinas del mundo, respectivamente. Pero la conservación per se no es suficiente en muchos casos, por lo que la restauración ocupa también un lugar destacado en el acuerdo. De esta forma, para 2030 se ha de haber completado o iniciado la restauración de al menos el 30% de los ecosistemas terrestres, marinos, costeros y de aguas continentales degradados. En relación a la financiación, el acuerdo prevé movilizar para 2030 al menos 200.000 millones de dólares anuales de fuentes nacionales e internacionales relacionadas con la biodiversidad, públicas y privadas, y aumentar los flujos financieros internacionales de los países desarrollados a los países en desarrollo, hasta al menos 20.000 millones de dólares al año para 2025, y hasta al menos 30.000 millones de dólares al año para 2030. Otros puntos destacados del acuerdo son la reducción en 500.000 millones de dólares anuales las subvenciones perjudiciales para el medioambiente, la prevención y control de las especies exóticas invasoras reduciendo los índices de introducción y establecimiento en al menos un 50% para 2030, el papel de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales, que desempeñarán un papel clave en la implementación del marco global, y la reducción a la mitad de los desechos alimentarios, reduciendo significativamente el consumo excesivo y la generación de residuos. Las actividades económicas con un alto impacto en la biodiversidad y en los ecosistemas también ocupan un lugar central en el marco adoptado. En relación a la agricultura, por ejemplo, se ha acordado reducir a la mitad el exceso de nutrientes y el riesgo de los plaguicidas y los productos químicos altamente peligrosos. A su vez, las grandes empresas y las instituciones financieras tendrán que controlar, evaluar e informar de forma transparente de sus riesgos, dependencia e impactos sobre la biodiversidad. Por otra parte, además del marco global por la biodiversidad, se han adoptado otros acuerdos relacionados con su aplicación, como la planificación, el seguimiento, la presentación de informes y su revisión; el desarrollo de capacidades por parte de los países en vías de desarrollo para que puedan cumplir las obligaciones; y la información de secuencias digitales sobre recursos genéticos, tema que ha sido muy controvertido durante las negociaciones. Afortunadamente, superadas todas las fricciones y tensiones de las negociaciones, el marco global para la biodiversidad Kunming-Montreal es ya una realidad. No obstante, lo realmente importante viene ahora. Los objetivos del nuevo marco deben cumplirse a finales de esta década y todos los esfuerzos deben centrarse ahora en su correcta implementación. De ello dependerá que, en 2030, podamos decir que muchas de las más de 1 millón de especies actualmente en peligro de extinción seguirán poblando nuestro planeta. Artículo disponible en www.20minutos.es

En un año en el que la crisis climática está mostrando su peor rostro en forma de inundaciones, intensas olas de calor o incendios, la Cumbre del Clima se erigía como la principal vía para adoptar medidas que permitiesen mitigar la emergencia climática. Tras una conferencia en la que la Unión Europea tuvo que batallar para que, al menos, se mantuviesen los anteriores compromisos, los resultados, a juicio del eurodiputado socialista riojano y vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, César Luena, «podrían haber sido más ambiciosos». «Hace falta asentar las bases para la siguiente cumbre y asumir que no se puede ir nunca a un aumento de 1,5 grados porque, con los planes actuales presentados, iríamos a finales de siglo a un aumento de 2,7 grados que provocaría niveles de no retorno y condiciones de no habitabilidad», advierte. – La Cumbre del Clima ha tenido muchos claroscuros, donde la lucha contra el cambio climático parece no haber encontrado ninguna solución. ¿Qué es lo que ha fallado? – Todas las cumbres son complicadas, porque hay muchas situaciones distintas entre los países y muchos intereses en juego. Es verdad que queríamos aumentar los niveles de ambición de reducción de emisiones y no lo hemos conseguido, porque hay países como China o India que están muy reticentes, pero se ha introducido el concepto de justicia climática para crear un fondo económico destinado a las naciones más expuestas al cambio climático. La cumbre avanza, pero podríamos haber esperado mejores resultados. Lo importante es que se mantiene el objetivo de reducir las emisiones, a pesar de que no se ha alcanzado el compromiso de recortarlas más; se avanza en la compensación y se introduce el fondo de adaptación, que persigue la preservación de los humedales o la repoblación de los bosques. – ¿Qué compromisos deberían haber salido de la COP27? – El compromiso de reducir los gases de efecto invernadero; una presentación de planes concretos nacionales para disminuir, en mayor porcentaje, el calentamiento del planeta. Esto se traduce en un mayor liderazgo, en la referencia, donde está el paquete europeo del plan Fit for 55, que consiste en reducir al 55 o incluso al 57% las actuales emisiones de efecto invernadero para 2030. Para ello tiene que haber una transición ecológica hacia energías limpias, sostenibles, que es lo que tienen que hacer otros países –como ya lo estamos haciendo nosotros– sin soberbia, con la obligación de señalar un camino que estamos afrontando con éxito y que ya lo vemos en el caso español: somos el país que más está bajando la factura energética por el peso de las energías eólicas y solar. – ¿Qué análisis puede hacer Europa de los acuerdos alcanzados en la cumbre climática? – Hace falta sentar las bases para mejorarlas en la próxima cumbre, así como la consolidación del papel europeo como un papel de referencia, de liderazgo, porque fue la Unión Europea la que tuvo que poner firme a muchos países y alargar un día la cumbre para que, al menos, se mantuviesen los compromisos anteriores de la cumbre de Glasgow y se asumiese que hay que reducir los gases de efecto invernadero, porque son los que provocan el calentamiento. No se puede ir nunca a un aumento de 1,5 grados porque, con los planes actuales presentados, iríamos a finales de siglo a un aumento de 2,7 grados, lo que sería un desastre, provocaría niveles de no retorno y condiciones de no habitabilidad. – ¿Cuál es el camino a seguir de cara a la próxima COP15? – En la cumbre sobre biodiversidad que se celebrará la próxima semana en Montreal intentaremos alcanzar un acuerdo vinculante entre los países para que, por lo menos en 2030, se hayan protegido el 30% de los ecosistemas, tierras y océanos. También trataremos de introducir objetivos concretos, es decir, realistas, que se puedan medir si se han cumplido; y mecanismos financieros internacionales, porque son proyectos muy determinados de conservación y restauración de la naturaleza. Perseguimos ambición, un acuerdo global legal vinculante y financiación. – En un contexto acuciado por los efectos del cambio climático, en el que cada vez hay más especies en declive, suelos en peor estado... ¿Ve posible cumplir ese objetivo en el plazo previsto? – Es posible incluso aumentar esa ambición, pero todo depende de la voluntad y compromisos políticos de los países. Con la Ley de Restauración de la Naturaleza se persigue evitar la desaparición de los ecosistemas y prevenir la pérdida de biodiversidad, lo que se puede hacer si hay voluntad política. El reglamento que espero que aprobemos el año que viene prevé que sean los países los que elaboren sus planes de restauración, ya que son actuaciones muy concretas. Hablamos de un periodo de ocho años en total que yo creo que es suficiente para que los estados lo lleven a cabo, pero todo depende de que paremos la desaparición de los ecosistemas y los recuperemos, porque todavía estamos a tiempo de hacerlo. – La biodiversidad es la otra cara de la misma moneda, pero parece que siempre se queda más olvidada. ¿Falta sensibilización? – Puede quedar a veces en un segundo plano, pero creo que cada vez más hay una mayor conciencia y si no, una percepción, de que más que una crisis climática estamos viviendo una crisis planetaria. Una parte son los efectos del cambio climático, sobre los que ya es difícil que los negacionistas encuentren argumentos serios, pero por otro está la crisis de especies o de biodiversidad. Los efectos arrolladores del cambio climático han sido tales que han evidenciado que provoca un calentamiento del planeta que desemboca en un cambio para todas las especies, no solo para la humana. El antropocentrismo es muy fuerte, pero tenemos que darnos cuenta que no solo es el humano el que sufre los efectos del cambio climático y el cambio en las condiciones de habitabilidad, porque miles de especies desaparecerán si no introducimos objetivos muy ambiciosos con acuerdos legales y conseguimos financiación. De lo contrario, veremos cómo dentro de veinte, treinta o cuarenta años se habrá producido ese fatal desenlace, del que todavía estamos a tiempo de revertir. En la cumbre intentaremos alcanzar el acuerdo para conservar las especies y ecosistemas. – Desde que comenzó la guerra, la crisis energética se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la UE, que ha tratado de alcanzar una solución a este problema. ¿En qué punto está Europa y cuáles han sido los últimos pasos en la consecución de la independencia energética? – Estamos bastante mejor, porque todo se traducía en acciones concretas para lograr la transición ecológica, sobre la que la guerra nos ha demostrado que no solo debía darse por razones climáticas, sino también por cuestiones geopolíticas. Estamos acelerando el despliegue de las energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, así como planes concretos para mejorar la eficiencia energética. Todo ello implica una política de adaptación de los ciudadanos y las empresas, diversificar los suministros y buscar proveedores de gas, petróleo o carbono. En ese tiempo de transición hasta que pasemos a la energía renovable, tenemos que encontrar otros proveedores, porque no podemos depender de Rusia; sabiendo que necesitamos una infraestructura energética compatible con el clima. El momento actual más relevante es que ha habido una buena práctica, la del tope del gas, sobre la que la UE no encuentra aún el modo de aplicarlo, pero que en España y Portugal ha sido un éxito. También me quedo con el plan de la CE de que los estados reduzcan el consumo de electricidad, con la propuesta de un impuesto sobre los beneficios de las energéticas, que ya se está tramitando en España; con abordar una reforma estructural del mercado del gas y la electricidad, y con crear un banco europeo de hidrógeno. – Los últimos acontecimientos no hacen pensar que la escalada vaya a cesar. ¿Sufrirá la población europea los efectos de la pobreza energética que cada vez se evidencian más en Ucrania? – A esos niveles, no, porque todas las políticas que se han llevado a cabo desde la UE buscan garantizar las reservas y asegurar que haya un invierno de tranquilidad para todos los ciudadanos europeos. Hay suficientes garantías, porque se han tomado las decisiones oportunas, pero hay que seguir trabajando a largo plazo. Otra cosa es lo que pueda suceder en Ucrania, donde estamos desplegando todo el apoyo económico y los mecanismos de solidaridad para que el Gobierno ucraniano pueda proteger a su población de los ataques armados de Putin. Artículo disponible en www.larioja.com. 

Vivimos tiempos acelerados, así que a veces podría parecer que estamos atrapados en un bucle de imágenes y noticias. Como la actualidad tiene la mala costumbre de pasar muy rápido, es posible que el lector se sienta sepultado por una montaña de información en lugar de interesado o interpelado por una causa como es el cambio climático. Por eso, es normal que se pierda el hilo de la evolución de las COP del clima a lo largo de los años. Ante este panorama, el pesimismo gana terreno y se instala en algunos la tentación de pensar: “otra COP más. ¿Y qué?”. Y mucho. Afortunadamente los avances se producen. Desde el Protocolo de Kioto de 1997 (COP3) y su objetivo vinculante de reducción de emisiones del 5% ha pasado mucho tiempo. La COP21 marcó un hito con los Acuerdos de París, cuyo objetivo central es limitar este siglo el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. La obligación de la COP27, que tiene lugar estos días en Egipto, es abundar en estos acuerdos para transformarlos en acciones concretas. Al mismo tiempo, hay que trabajar para consolidar los logros cosechados en mitigación, adaptación, financiación, pérdidas y daños. Retroceder no es una opción. Es cierto que las negociaciones de la conferencia se desarrollan en un contexto adverso. Tras la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y sus efectos–que aún perduran–, hemos enfrentado problemas de suministro a nivel mundial. Por si fuera poco, la guerra de Rusia contra Ucrania ha subido la presión del sistema energético en todo el mundo y las graves tensiones políticas que se acumulan en distintos puntos calientes del planeta no hacen sino desplazar la emergencia climática de la lista de prioridades. Parece que, agotado un verano (ahora sí, “otro más”) con olas de calor sin precedentes y graves sequías, ya no hay tanto espacio para el clima en las conversaciones cotidianas que, en todo caso, se asume como una tragedia inevitable. Por eso, algunos gobiernos se han sentido capacitados para paralizar o, incluso, revertir las políticas climáticas. Esto es un error. El más grave. Todavía queda partido. Así que, al igual que en ocasiones anteriores, es fundamental el papel que juegue la Unión Europea en esta cumbre. El liderazgo comunitario debe ejercerse con fuerza para conseguir que todos los países del G20 se comprometan a unos objetivos de reducción de emisiones para 2030 más ambiciosos. Esto es irrenunciable, sobre todo, a la vista de los últimos informes científicos que alertan de que, aun implementando los objetivos climáticos nacionales anunciados en la última edición, el mundo seguiría en camino hacia un alarmante aumento de la temperatura de 2,7ºC. Ante este escenario, la transición ecológica y la transformación social se dibujan con somera claridad en el horizonte. No solo porque es el único posible, sino porque ya se están aplicando los cambios necesarios para lograrlos. La Unión Europea lleva años trabajando en ello. Así, el pasado marco financiero plurianual 2014-2020 dedicó el 20% de los fondos disponibles a medidas relacionadas con el clima. Como consecuencia, consiguió en los últimos años reducciones sustanciales de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, en 2019 registramos un 26% menos de emisiones, una marca superior al objetivo fijado en ese momento del 20%. En el período actual, 2021-2027, el presupuesto comunitario y los fondos de recuperación Next Generation EU continúan el trabajo en este sentido, incrementando el gasto en partidas climáticas al 30%. Al mismo tiempo, el objetivo de reducción de emisiones para esta década es del 55%. De lo que se trata es de trasladar esta ambición al acuerdo de la COP. Hay que garantizar que lleguemos a la meta de financiación climática de 100.000 millones de dólares antes de 2023 y cuantificar otro para después de 2025. Sin una financiación fuerte y continuada en el tiempo no podremos conseguir el necesario cambio de modelo productivo y energético. Por eso, resulta esencial que se fije a nivel mundial un gravamen para los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, tal como anunció el Presidente Pedro Sánchez este verano en nuestro país y tal como ha solicitado hace unos días la propia ONU. Sin dinero, tampoco será posible sostener a los países en vías de desarrollo, los más perjudicados por una crisis que, en buena medida, no han provocado. Ayudarles no es solo una cuestión de justicia. También de necesidad. Nuestros intereses están entrelazados. De ahí también la importancia de iniciativas conjuntas como la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía, lanzada por los gobiernos de España y el de Senegal. Queda mucho por negociar y por hacer. Debemos aumentar la ambición y redoblar esfuerzos. La resignación es lo único que no podemos permitirnos. Artículo disponible en www.infolibre.es 

Este verano, la UE ha batido su propio récord de superficie arrasada por los incendios forestales, con más de 650.000 hectáreas quemadas en lo que va de año. Muchos países europeos han sufrido las temperaturas más altas jamás alcanzadas desde que hay registros históricos, debido a las continuas olas de calor extremo, y las aguas del Mar Mediterráneo han superado los 30º de temperatura este verano, lo que supone unos cinco grados más que la media de años anteriores. Estos episodios meteorológicos, que serán la normalidad y no la excepción si continuamos en el escenario de inmovilismo que los grupos políticos conservadores defienden, derivan en fuertes precipitaciones que dan lugar a graves inundaciones como las vividas el año pasado en Bélgica y Alemania o este año en el sur de Italia, y convertirán, en no muchas décadas, a Europa en un continente con una gran superficie desertificada. El Observatorio Europeo de la Sequía ha calculado que el 45% del territorio de la UE estaba bajo alerta de sequía a mediados de julio, con múltiples municipios sufriendo cortes en el suministro de agua. Todo esto ha tenido y tiene un efecto devastador en los ecosistemas y en nuestra naturaleza, en nuestra salud y seguridad alimentaria; y cada vez disponemos de menos tiempo para reaccionar y revertir el proceso. La comunidad internacional más comprometida, liderada en la mayor parte de las ocasiones por la Unión Europea, con el respaldo y empuje de la comunidad científica y de los activistas, propone, diseña, desarrolla y negocia instrumentos e iniciativas para contener y evitar un fatal desenlace. Estos días se está ultimando la redacción de un nuevo tratado internacional para preservar y proteger la diversidad biológica del mar. En diciembre, además, contaremos con un nuevo acuerdo global por la naturaleza y ya se están dando los primeros pasos para un acuerdo mundial sobre la contaminación por plásticos. La UE, como región líder en materia climática y medioambiental, también está trabajando para que nuestras tierras y océanos estén protegidos. Contamos con un Pacto Verde Europeo para convertir a Europa en un continente climáticamente neutro en 2050 y con una Ley del Clima pionera; contamos con una nueva Estrategia de Biodiversidad que prevé múltiples iniciativas para ampliar nuestros espacios marinos y terrestres protegidos; con una nueva Estrategia forestal que dota a nuestros bosques de la protección que merecen; con una estrategia para hacer nuestros sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles; con un plan de contaminación cero para nuestro aire, agua y suelo; y pronto empezaremos las negociaciones sobre una Ley de Restauración de la Naturaleza, cuya propuesta fue presentada por la Comisión Europea el 22 de junio pasado. Este nuevo Reglamento de Restauración de la Naturaleza, cuyas negociaciones lideraré en el Parlamento Europeo como ponente del texto, es de suma importancia para devolver su funcionalidad a los ecosistemas y con ello garantizar los imprescindibles servicios ecosistémicos que nos regala la naturaleza y que garantizan que podamos vivir en este planeta de la forma en que lo hacemos. Espero que la amplia concienciación sobre esta problemática tan grave se mantenga durante el resto del año y no sea solo algo pasajero. Toda la alarma y alerta que en la temporada estival están provocando las consecuencias cada vez más extremas del cambio climático no pueden olvidarse en otoño cuando tengamos sobre la mesa distintas soluciones para restaurar las miles de hectáreas quemadas o recuperar los hábitats y especies que están desapareciendo y que conllevarán obligaciones y sacrificios que muchos no estarán dispuestos a asumir. Espero y deseo que cuando tengamos que negociar objetivos de restauración para ecosistemas agrícolas, forestales y marinos, esta concienciación no se haya convertido en una suerte de amnesia política. Igualmente, espero que los grupos políticos más conservadores y acérrimos defensores del cortoplacismo tengan en cuenta lo vivido y sufrido estos últimos meses cuando tengan que tomar decisiones y negociar nuevas propuestas para aportar soluciones que protejan nuestras tierras y mares, o cuando haya que implementar las medidas de las nuevas estrategias de biodiversidad y forestal. Esta última está, desafortunadamente, siendo muy contestada por quienes sólo ven en los bosques una unidad productiva y no perciben la necesidad de proteger los para que continúen absorbiendo y almacenando carbono, purificando nuestras aguas y el aire, regulando la temperatura o evitando la erosión y los deslizamientos de tierras. La protección y restauración de la naturaleza es la única solución posible para que seamos más resilientes al cambio climático, a los desastres naturales y a los impactos severos del cambio climático, y la única solución que asegura una prosperidad medioambiental, social y económica a medio y largo plazo. Por todo esto, las políticas para proteger y restaurar la naturaleza y los océanos deben constituir una prioridad permanente. Tenemos la oportunidad de aprender la lección aprobando un Reglamento de Restauración de la Naturaleza exigente y ambicioso. Artículo disponible en www.diariosur.es.

Hace casi tres años, el Parlamento Europeo declaraba -en una resolución política- la emergencia climática, y la Comisión Europea publicaba el Pacto Verde Europeo, su hoja de ruta para conseguir una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050, que tuvo su primera traslación legal en la aprobación de la Ley Europea del Clima el año pasado. Para alcanzar el objetivo de neutralidad climática a largo plazo, la Ley del Clima recoge la obligación de que la UE reduzca sus emisiones en un 55% para 2030 en comparación con 1990. El “Paquete Objetivo 55” o “Fit for 55”, que es como comúnmente se le conoce y que fue presentado en julio de 2021, es el conjunto de propuestas legislativas y reformas necesarias para alcanzar ese objetivo a 2030 y tiene como misión principal convertir la década de 2020 en una década de trasformación para la acción climática. Sin este nuevo paquete, con la actual legislación climática de la UE, Europa solo lograría una reducción de emisiones del 60% para 2050. En los plenos de junio, el Parlamento Europeo, tras casi un año de largas y arduas negociaciones, ha dado luz verde a la mayor parte de dosieres que componen este paquete legislativo, que marcan la entrada de la política climática en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y empresas. Entre los múltiples dosieres destaca la reforma del sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS) que engloba a sectores industriales altamente contaminantes y cuyas normas se ven reforzadas para conseguir una reducción del 63,2% de sus emisiones en 2030 en comparación con los niveles de 2005. Esta cifra es superior al 61% de la propuesta original de la Comisión. La creación de un mecanismo de ajuste en frontera del carbono o CBAM, que gravará el contenido de carbono de las importaciones de varios sectores en riesgo de fuga de carbono, es otro de los dosieres clave. Este nuevo mecanismo garantizará la igualdad de condiciones para las empresas de la UE que podrían verse en desventaja competitiva a medida que Europa profundiza en su descarbonización, y se aplicará progresivamente desde 2027 a 2032, año en el que sustituirá completamente a los derechos de emisión gratuitos que disfrutan estos sectores. El trasporte también ocupa un lugar destacado en las reformas. Además de aprobar los ambiciosos objetivos de emisiones de CO2 para los turismos y vehículos ligeros nuevos para 2030, el Parlamento ha respaldado el objetivo de la propuesta de la Comisión para que todos los coches y furgonetas nuevos sean de cero emisiones en 2035, lo que de facto supone el fin del motor de combustión interna para este tipo de vehículos, y que los grupos conservadores intentaron diluir. A su vez, el transporte marítimo se ha incorporado al ETS, y desaparecerán las asignaciones gratuitas para el sector de la aviación en 2025, frente a la fecha de 2027 de la propuesta de la Comisión, aunque se mantiene una cantidad de derechos de emisión para los operadores que usen combustibles de aviación sostenibles o SAF por sus siglas en inglés. Un caballo de batalla ha sido la propuesta de la Comisión de extensión del ETS al transporte por carretera y a la edificación en una suerte de ETS2, que tras el voto en el Parlamento se aplicará a partir de 2025 a los operadores comerciales y, solo en 2029, a operadores no comerciales, previa evaluación y nueva propuesta legislativa de la Comisión en la que se deberá tener en cuenta la mejora o no de la situación de movilidad y pobreza energética en la UE. Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo hemos sido determinantes para evitar que el ETS2 entre en vigor en la actual crisis de precios de la energía, a través de esta pausa de emergencia que pospondrá el ETS2 para los hogares hasta que los precios sean más bajos. La Comisión Europea, conocedora de las inevitables repercusiones sociales de esta extensión, propuso crear un Fondo Social para el Clima ligado a la existencia del ETS2, en un intento de amortiguar el impacto del sistema en los ciudadanos por el aumento de los precios del combustible en transporte y de las facturas de calefacción. Dado que a medida que la descarbonización se extienda a toda la economía, la equidad social será crucial, los socialdemócratas hemos conseguido garantizar un Fondo Social del Clima fuerte a pesar del retraso en la introducción del sistema en los hogares, que apoyará sustancialmente a los hogares más vulnerables mucho antes de que tengan que pagar más por CO2. Por otro lado, más allá de las emisiones, las absorciones también son reguladas en este paquete normativo a través de la revisión del reglamento que regula el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, que fija un objetivo de absorciones vinculante de la UE de 310 millones de toneladas de CO2 con los correspondientes objetivos nacionales que han sido respaldados por el Parlamento. Aunque aún están en discusión otras medidas, como el aumento de los objetivos de energía renovable y eficiencia energética, la reforma de la fiscalidad energética, o los dosieres que regulan las infraestructuras de combustibles alternativos y el uso de combustibles renovables por los sectores marítimo y aéreo, las medidas recién aprobadas en junio constituyen el grueso de las emisiones y convierten a la UE en la primera gran economía global que empieza a traducir el objetivo de neutralidad climática en políticas reales. Tras la aprobación en Pleno de estos dosieres comienzan las negociaciones con la Comisión Europea y el Consejo, donde esperamos que los dos pilares de guía sean la ambición climática y la transición justa, que son además los elementos más importantes para que las medidas tengan el éxito medioambiental y social esperado a largo plazo. Artículo disponible en www.eldiario.es.

La Unión Europea se ha enfrentado en los últimos dos años a retos inmensos que, a pesar de lo que habría podido esperarse en un principio, han impulsado la rápida puesta en marcha de una serie de iniciativas políticas integradoras únicas en la historia comunitaria. Las crisis de los últimos años han impulsado la ambición de cambio. El éxito de las nuevas medidas ha alimentado, especialmente en el seno del Parlamento Europeo, las ganas de avanzar. Así, la Eurocámara ha acogido durante el último año dos debates de gran importancia para el futuro de la Unión. Me refiero, en concreto, al debate sobre la iniciativa de reforma de la Ley Electoral Europea y a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La primera nace de la necesidad de articular unas verdaderas elecciones europeas. Y es que, desde los primeros comicios para elegir a los miembros del Parlamento Europeo, los ciudadanos de los Estados miembros han votado siempre a los candidatos en circunscripciones nacionales y de acuerdo con las normas propias de cada país. Por eso, esta iniciativa legislativa propone reformar la ley electoral de la UE (de 1976) para definir un sistema electoral uniforme aplicable en toda la Unión que ponga fin a lo que hoy son veintisiete elecciones separadas. Para ello plantea un doble voto: uno para elegir a los eurodiputados en las circunscripciones nacionales y otro para hacerlo en una circunscripción europea. Esta revolucionaria propuesta, impulsada por el compañero socialista Domènec Ruiz Devesa, introduce una lista transnacional dotada con 28 escaños que garantice una representación geográfica equilibrada y la igualdad de género. En este punto específico contempla el texto la obligatoriedad de las listas cremallera (alternancia de un candidato masculino y una candidata femenina) o las cuotas. Además, el Parlamento Europeo quiere facilitar que los electores voten al futuro presidente o presidenta de la Comisión Europea mediante un sistema de “candidatos principales” en las listas europeas y que lo hagan a la vez mediante el establecimiento de la jornada electoral el día 9 de mayo, Día de Europa. En definitiva, hemos apoyado, por amplia mayoría, dar forma a unas nuevas elecciones europeas más federales, más representativas y más democráticas. El segundo momento crucial del que me gustaría ocuparme aquí es la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una serie de debates ciudadanos dirigidos a dialogar, justamente, sobre cómo quieren los europeos que sea el futuro de la UE. Se trata de la primera vez en la historia comunitaria que se realiza un ejercicio democrático paneuropeo de estas dimensiones. Más de 53 mil personas presentaron su visión de futuro para la Unión a través de una plataforma multilingüe. En total, un año de trabajo a lo largo y ancho del continente que produjo más de 18 mil ideas, 22 mil comentarios y casi 7 mil eventos que culminaron, a su vez, en 49 propuestas y más de 300 iniciativas en áreas temáticas clave como cambio climático, salud, migración o Estado de derecho. Y todo ello a pesar de haberse organizado la Conferencia en medio de una pandemia. Uno de los indicadores decisivos para apoyar una mayor integración europea es este éxito de participación. El otro es el contenido mismo de las recomendaciones ciudadanas, entre las que figuran la concesión al Parlamento Europeo de un derecho de iniciativa legislativa (actualmente en manos exclusivas de la Comisión Europea), superar la unanimidad obligatoria en política exterior en el Consejo o el derecho a la asistencia sanitaria para todos los ciudadanos de la Unión. La conclusión de todo esto es que la construcción de una Europa más federal y más democrática es un clamor ciudadano y, especialmente, de los más jóvenes. Los retos a los que nos enfrentamos hoy y a los que nos enfrentaremos en el futuro demandan una respuesta unida. Es solo con esta unidad y solidaridad entre Estados miembros, entre todos los europeos, como lograremos sobreponernos a las dificultades y vencer las amenazas que hacen peligrar nuestro proyecto comunitario. Los socialdemócratas defendemos esta idea de futuro para Europa y, por eso, trabajamos mano a mano con la sociedad civil desde el Parlamento Europeo para convertir en realidad las propuestas de los ciudadanos. Debemos asegurarnos de que las conclusiones de la Conferencia se apliquen. Ese es el deber de la Unión y la misión de la Eurocámara. Porque solo hay un futuro posible: más participación, más federalismo y, siempre, más Europa. Artículo disponible en www.infolibre.es.

En una línea se pueden resumir miles de horas de trabajo y cientos de documentos científicos: no estamos haciendo lo suficiente para frenar el calentamiento global. Así lo certifica el crecimiento ininterrumpido (salvo la breve excepción del confinamiento por COVID-19) de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). Las razones son muy fáciles de entender: no estamos transformando nuestro sistema de producción ni nuestros patrones de consumo lo suficientemente rápido, nuestro sistema energético sigue dependiendo demasiado de los combustibles fósiles e, inevitablemente, nuestra industria está lejos de alcanzar la transformación casi total que precisa. Lo dicho: no estamos haciendo lo suficiente. La única buena noticia que nos deja el último informe del Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) es que todavía hay margen para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. El informe del Grupo de Trabajo III (mitigación del cambio climático) contribuye, como el informe publicado a finales de febrero por el Grupo de Trabajo II (impactos, vulnerabilidad y adaptación), al documento final que publicará el GIEC a finales de 2022. Y sus conclusiones son muy claras. Los datos demuestran que estamos cada vez más lejos de evitar que la temperatura del planeta supere el 1,5ºC sobre los niveles preindustriales. En otras palabras: estamos cada vez más cerca de convertirnos en un planeta invernadero, lo que provocará un cambio climático extremo con graves consecuencias para la salud de las personas, los ecosistemas y la biodiversidad. Por tanto, la acción climática es necesaria y urgente. Los expertos nos advierten, una vez más, que hemos de transformar profundamente nuestros sectores económicos y nuestra manera de consumir. Y avisan: si no tomamos medidas inmediatas para que las emisiones globales alcancen su máximo en los próximos tres años y luego empiecen a disminuir, será muy complicado que alcancemos los objetivos de París. En definitiva, condenaremos al planeta y a nosotros mismos a una catástrofe climática. Si queremos evitarlo, tenemos que escuchar a los científicos. Los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como las instituciones supranacionales, deben seguir sus indicaciones para evitar que el calentamiento global supere los 1,5 grados centígrados. Para conseguir la neutralidad climática en 2050 debemos reducir para mediados de siglo el uso del carbón en un 95%, el del petróleo en un 60% y el de gas en un 45%. [...] La cuenta atrás ha comenzado. Como dijo Josep Borrell, Alto Representante de la UE, en el Parlamento Europeo esta semana, la geopolítica y el cambio climático se dan la mano hoy en un objetivo común: disminuir la dependencia energética. Nuestra independencia energética pasa por el desarrollo pleno y total de las energías renovables. Es el momento de que todos los países del mundo se suban al tren de la transición ecológica y energética liderado por la Unión Europea. Tenemos que adoptar medidas ambiciosas y hacer cambios sustanciales en los principales sectores de la economía. No será fácil, pero tampoco imposible. Hay demasiado en juego: nuestro planeta, nuestras vidas, nuestro futuro. Artículo disponible en www.larioja.com

La pugna brutal por el poder a través de la violencia sigue viva en el mundo, y para hacerle frente es imperativo reforzanos y abrir la puerta a acciones innovadoras. «La guerra ha vuelto a Europa». Así comenzó su discurso esta semana ante el Parlamento Europeo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lo que parecía impensable, desterrado de nuestra memoria, ha ocurrido. Hace unos pocos días se cumplieron los peores presagios cuando Putin decidió invadir un país europeo independiente y soberano como es Ucrania. Durante meses mantuvo la tensión al alza mientras jugaba al despiste con reuniones internacionales y declaraciones de buenas intenciones. Al final, ha quedado demostrado que nunca tuvo la menor intención de desescalar el conflicto. Más bien al contrario. Nadie puede creer que el ataque del pasado 24 de febrero responde a una decisión tomada en caliente. Queda claro que Putin llevaba preparando esta invasión décadas. Al fin y al cabo, el dilema «oriente u occidente» no es nuevo para los ucranianos, quienes han basculado de un extremo al otro desde (por fijar un inicio) la Revolución Naranja de 2004. Esta dio pie al compromiso con la UE que culminó en 2013 con el fallido (y más tarde recuperado) Acuerdo de Asociación con la UE lo que, a su vez, desató de nuevo las protestas de la población. El entonces presidente, el prorruso Yanukóvich, optó por copiar el estilo de Moscú y responder con gran fuerza y represión. No obstante, en su caso, solo logró consolidar la revolución conocida como 'Euromaidán' y su propia caída del Gobierno en febrero de 2014. El Kremlin, en paralelo, fue preparando el terreno en Crimea, territorio ucraniano que se anexionó en marzo de ese mismo año. En cuestión de meses, comenzó la guerra en la región del Donbás, al este del país, donde Moscú apoyó y armó a los rebeldes prorrusos en Donetsk y Lugansk, territorios ucranianos reconocidos por Putin como «repúblicas independientes» hace unos días. Mientras todo esto acontecía, Putin continuaba centrado en la mayor transformación moderna del Ejército de su país. Su objetivo, evidente, era y es servirse de él como su principal herramienta en política exterior. Por eso, en el Parlamento Europeo lo hemos tenido claro. Con una mayoría aplastante de la cámara (637 votos a favor sobre un total de 676), hemos aprobado una resolución que no solo condena categóricamente la invasión de Ucrania, sino que alerta de que este es también un ataque a «los principios y el mecanismo de cooperación y seguridad en Europa y el orden internacional basado en normas». El desafío que plantea Rusia, anexionándose territorios soberanos ajenos, agrediendo e invadiendo a sus vecinos, no es nuevo. Los europeos lo reconocemos en los ecos de nuestra historia. Por este motivo, es tan importante mantener la unidad que la Unión ha exhibido hasta ahora en su respuesta (al contrario, seguramente, de lo que esperaba Putin). [...] Como declaró Borrell, no podemos seguir confiando en que apelar al Estado de Derecho y desarrollar relaciones comerciales van a inclinar al mundo hacia la democracia representativa. Es necesario un mayor esfuerzo para apuntalar una Europa cada vez más fuerte en el mundo. Artículo disponible en www.larioja.com

Como decía el president Tarradellas, «en política se puede hacer de todo, menos el ridículo». Hace unos días Pablo Casado anunció que las comunidades autónomas y alcaldes del Partido Popular «van a ir a la justicia para denunciar el reparto a dedo de las ayudas en beneficio del Partido Socialista». Poco después el Gobierno de Ayuso registraba por error un recurso en la Audiencia Nacional, en lugar de en el Tribunal Supremo. Y en el Parlamento Europeo, Dombrovskis, el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario y miembro del PP Europeo, respondía a una pregunta de la eurodiputada popular Isabel Benjumea con claridad meridiana: «Es un instrumento [el paquete de recuperación NextGenerationEU] basado en los resultados. Ese dinero se desembolsa cuando se cumplen una serie de objetivos, es decir, cuando los países llevan a cabo la ejecución, la implementación de las inversiones y de las reformas que se han previsto en los planes». La Comisión comprueba que los compromisos se han cumplido correctamente y «si es así, pone a disposición el dinero». Por mucho que Casado se empeñe, la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en todo el proceso de negociación y aprobación del Next Generation EU y del propio Plan español de Recuperación ha sido ejemplar y modélico. Fue fundamental para desbloquear las negociaciones del Consejo en julio de 2020 y ha trabajado junto a la Comisión Europea para tener a punto el Plan de España. Gracias a esto, nuestro país no solo fue el primero en presentarlo, sino también el primero en recibir la aprobación del Ejecutivo y las transferencias comunitarias. España es el único de los Veintisiete, hasta la fecha, que ha superado con éxito todas las fases preparatorias y cumplido con los primeros 52 hitos establecidos en el Plan de Recuperación, que sigue escrupulosamente la normativa y criterios europeos. [...] Artículo disponible en www.larioja.com

Desde el pucherazo de Aleksandr Lukashenko en las elecciones presidenciales de agosto de 2020 en Bielorrusia, se han sucedido ya cinco paquetes de sanciones, innumerables declaraciones políticas e institucionales y, lo que es peor, innumerables violaciones de los derechos humanos. Desgraciadamente, la instrumentalización de los migrantes se ha convertido en un arma política arrojadiza en cualquier momento en cualquier lugar de las fronteras exteriores de la Unión. Nuestros competidores saben que nuestro talón de Aquiles, la migración, ofrece una oportunidad inmejorable para obtener rédito político, ejercer presión o incluso ganar influencia en un proceso negociador. Por eso el Alto Representante de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha calificado la situación en la frontera polaca de “muy preocupante” y no ha dudado en considerarla un “ataque híbrido contra la UE” por parte de Bielorrusia. Intimidado dentro de su propio país por la resistente oposición cívica de sus conciudadanos que reclaman paz, justicia y democracia, aislado de la comunidad internacional y castigado con un duro régimen de sanciones de la Unión Europea, a Aleksandr Lukashenko solo le queda una baza por jugar para apuntalarse en el cargo otros veinte años: atacar a Europa o seguir a Rusia. Ambas son dos caras de la misma moneda. Porque a nadie se le escapa que la idea, organización, coordinación y despliegue del plan de Minsk, en realidad, viene orquestada desde el Kremlin. [...] Artículo publicado en www.elobrero.es

Tras dos semanas de duras negociaciones, de avances y desacuerdos, se aprobó el sábado por la noche la resolución final de la COP26, esto es, el Pacto Climático de Glasgow.  El documento aprobado, que tuvo que ser aceptado por el consenso de las 196 partes, usa un lenguaje cauto y en algunos casos ambiguo, lo que puede justificar la frustración de científicos, activistas y, en general de aquellos que abogan por la necesidad de avanzar más rápido.  No obstante, aunque no se trata de un nuevo tratado, ni el documento es todo lo ambicioso que nos hubiera gustado y que debiera ser, el resultado alcanzado en el texto final es muy positivo por varios motivos. [...] Artículo publicado en www.huffingtonpost.es

Y, lamentablemente, sigue lloviendo. Mil días han pasado desde que caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial, renovado por última vez en 2013 gracias al acuerdo del PSOE (entonces en la oposición) con el PP (en el Gobierno con mayoría absoluta en ese momento). Muchas cosas han sucedido y cambiado desde entonces. Para empezar, que los papeles se han invertido y los que están ahora en la oposición (y acumulando derrotas electorales) son los miembros del Partido Popular. Lo que, desafortunadamente, no cambia es la irresponsabilidad del PP en la oposición, que sigue enrocado en el bloqueo sin (querer) entender que la renovación de los órganos constitucionales es una obligación constitucional, no una simple carta de oposición al Gobierno. Y se hacen llamar "constitucionalistas", ahí es nada. [...] Artículo publicado en www.elobrero.es.

Anne Applebaum ha escrito recientemente un interesante libro titulado El ocaso de la democracia. La seducción del autoritarismo. Es particularmente interesante por cuanto que la autora proviene del espectro conservador, desde el que teoriza, partiendo del estudio de casos concretos, sobre la guerra a muerte y sin cuartel que se lleva produciendo desde hace tiempo en el seno de la derecha europea. [...] Artículo publicado en www.fundacionsistema.com.

Al cumplirse tres años hoy de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno por parte del Congreso de los Diputados, es pertinente realizar un balance con la perspectiva temporal suficiente y que, también, permita proyectar alguna conclusión de futuro. Desarrollaré el balance en 8 puntos: El Gobierno Sánchez ha regenerado la vida pública durante estos tres años. La ética, la transparencia y la limpieza democrática fueron los primeros vectores de cambio que necesitaba el país, sobrecogido por los niveles de corrupción sistémica del PP. La apuesta decidida por el diálogo y por las soluciones políticas en relación con la crisis catalana es la vía elegida desde el principio para afrontar este grave problema de la democracia española. Hoy, en pleno debate sobre los indultos, esa apuesta firme y decidida por la palabra y por la política descuellan en relación con otras ofertas, sustentadas en el viejo inmovilismo crispador, sectario e interesado. Aquí, más que en ningún otro aspecto, sobresale la defensa del interés general, primer cometido de un Gobierno en democracia. Este es un Gobierno social, sobre todo es un Gobierno comprometido con el Estado de Bienestar. Prueba de ello son dos medidas muy relevantes: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (950 €) y la instauración de un Ingreso Mínimo Vital. Otra de las medidas impulsadas por este Gobierno apuntala el edificio de derechos civiles de una gran democracia como es la española. Me refiero al derecho a una muerte digna, un avance sustantivo. La presidencia Sánchez ha devuelto a España al núcleo de las decisiones europeas, tras años de un papel marginal y secundario de Mariano Rajoy. La voz española en la Unión Europea es una voz fuerte y consolidada, que no se limita a defender nuestros intereses como país miembro, sino que participa en la gobernanza comunitaria con un papel propio y un peso significativo. La mejor prueba de ello es la aprobación de los fondos europeos de reconstrucción, que han supuesto, a la vez, un giro social y federal en el proceso de integración. Uno de los frentes en los que el Gobierno se muestra más decidido y comprometido es el de la lucha contra el cambio climático. España cuenta, por fin, con una ley climática a la altura de nuestras responsabilidades climáticas. Una ley que actúa en el contexto de la ley climática europea y que nos compromete en los objetivos ambiciosos, pero necesarios, de reducir los gases de efecto invernadero de manera paulatina hasta alcanzar la neutralidad climática en 2050. En paralelo, la transición hacia una economía ecológica y sostenible está en marcha. La experiencia de gobiernos de coalición se limitaba en España a los niveles territoriales, pero estaba por explorar una vía estatal o nacional. Este es un gobierno de coalición de dos partidos y que se apoya en una mayoría parlamentaria amplia y variada. Es la prueba de que el sistema del 78 es fuerte y flexible. Lo que hacía falta era audacia, determinación y valentía para llevarlo a cabo. Este es un Gobierno que está introduciendo una política de memoria democrática en la línea de países de nuestro entorno, como Francia y Alemania. La educación, la comprensión, el conocimiento y la reparación siempre son necesarias y más vale que lleguen tarde a que nunca lleguen. Esta política, junto a la ubicación de la tumba de Franco en el lugar que le correspondía son decisiones que elevan nuestra calidad democrática. Evidentemente que hay muchos más puntos a destacar, pero he escogido estos por constituir claros ejemplos de avance, de evolución y de cambio. Las circunstancias han delimitado con claridad las tres etapas que han jalonado estos tres años de mandato de Pedro Sánchez. El periodo de Gobierno surgido de la moción de censura, el periodo de Gobierno en funciones tras la victoria socialista de abril de 2019 hasta la nueva victoria de diciembre de ese mismo año y la gestión de la pandemia de Covid 19 a partir de los comienzos del año 2020. La urgencia sanitaria mundial y la crisis económica consecuente han centrado los esfuerzos y el trabajo del Gobierno en la primera parte de la legislatura, teniendo ahora por delante el tiempo suficiente y la estabilidad necesaria como para liderar las transformaciones sociales pendientes y afrontar los problemas políticos que demandan la impronta de un Gobierno fuerte y decidido. Artículo publicado en www.fundacionsistema.com.

El 18 de abril se cumplieron 70 años desde que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) se puso en pie. Significó el primer cimiento de la unidad de una Europa devastada que se proponía construir un proyecto de integración como solución de futuro. Desde entonces, la divisa «unida en la diversidad» ha sido la mejor referencia posible en un camino nunca fácil de transitar: la cesión de poder soberano en marcos más amplios y compartidos. Para quienes midan el tiempo, y lo que a su través se alcanza, con criterios cortoplacistas, puede que les parezca insuficiente el estadio actual en el que se encuentra la Unión. Sin embargo, si pensamos históricamente, ejercicio que siempre nos protege de la «rabiosa (y ególatra) actualidad», el proyecto europeo ha conseguido instalar una dinámica de cooperación entre las naciones europeas, dotándolas de un mecanismo y de una estructura que podríamos catalogar como prefederal. Además, los 27 países socios contamos con grandes políticas transnacionales de carácter estratégico y solidario, como son la PAC y los fondos estructurales y de inversión. [...] Pero, hoy, en el Día de Europa, quiero referirme a los tres grandes retos de nuestras sociedades: el Pacto Verde Europeo, la digitalización y la prevalencia de la Europa social. Los tres están relacionados y tienen mucho que decir, si bien el primero es quizás el que más suena, sobre todo entre los jóvenes. El Pacto Verde persigue convertir a la Unión en el primer continente climáticamente neutro en carbono para 2050. Y para conseguirlo se propone actuar de manera transversal en la política europea y, muy especialmente, con la próxima Ley europea del Clima recientemente aprobada en el Parlamento Europeo. Con unos primeros objetivos vinculantes de reducción de los gases de efecto invernadero del 55% fijados para 2030 (más los que están por llegar para 2040), esta piedra angular del Pacto nos obligará, sin duda, a replantearnos muchas cosas. Entre ellas, nuestra relación con el entorno. La nueva Estrategia de Biodiversidad para la UE 2030, de la que soy ponente, pretende precisamente reforzar esa relación para proteger, conservar y restaurar la biodiversidad perdida, enlazándola con la lucha contra el cambio climático al entender que ambas causas son partes de un mismo problema. La década digital que se ha marcado la Comisión Europea, por otra parte, es un reto necesario para lograr la digitalización de la Unión, contribuyendo al Pacto Verde, así como a la creación de empleo de calidad, sostenible y moderno adaptado al siglo XXI. Por eso el enfoque europeo se basa en tres pilares: la tecnología (inteligencia artificial, 5G...), la economía (estrategia industrial, ley de mercados digitales, ley de servicios digitales...) y la sociedad (identidad electrónica europea, ciberseguridad, capacidades digitales...). Por último, la Europa social, el corazón del proyecto europeo, va a reforzarse con dos proyectos importantes en los próximos meses (la estrategia para el futuro de Schengen y la directiva de salarios mínimos) que se suman a la miríada de acciones, programas y políticas bien conocidas y reforzadas con los últimos presupuestos comunitarios para el periodo 2021-2027 como la Garantía Juvenil, Erasmus+ o la Agenda de Capacidades Europea. En un día como hoy de conmemoración y de celebración, animo a todas las lectoras y a todos los lectores a que sigan renovando su confianza en el proyecto europeo, a que desplieguen un europeísmo convencido de que es el proyecto más fuerte y mejor para navegar no solo ante la adversidad, sino en el mundo global actual y futuro. ¡Viva Europa! Artículo disponible en www.larioja.com

Artículo publicado en www.larioja.com.    

La presencia de intelectuales en el poder o su cercanía o influencia en el mismo constituye un objeto de estudio siempre de enorme interés para los historiadores, máxime cuando se dispone, para su investigación, estudio y análisis, de documentos históricos de primera mano a partir de los cuales podemos elaborar una reflexión histórica, serena y con la suficiente y necesaria perspectiva.  La puesta a disposición del archivo creado por la Fundación Felipe González de las cartas que José María Maravall Herrero escribió y envió a Felipe González durante la década de los 80 del siglo pasado nos ha permitido investigar los entresijos de una época ya con una historiografía muy considerable y aportar al conocimiento histórico una panorámica distinta y complementaria de aquella época. Trabajo que tendrá su continuación con la publicación, a lo largo del año próximo, de la primera biografía histórica de José María Maravall.  El sociólogo y político, militante ugetista y socialista, opositor al franquismo, académico de Oxford y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, ministro y amigo del presidente, puso en marcha en esas cartas, verdaderos escritos políticos, una manera de mostrar su personal visión del cambio. De manera que su epistolario permite iniciar una suerte de diálogo histórico, establecido entre su personal prospectiva y el pasado más reciente. En este caso, al valor añadido del análisis de la correspondencia entre políticos, un clásico ineludible de la historiografía por la riqueza de datos de primera mano e intrahistóricos que aporta, hay que sumar —como fuentes primarias cuya interpretación se aporta en este ensayo— el propio testimonio consciente, lúcido y con un fuerte sentido moral que proporciona la potente mirada subjetiva de un destacado y comprometido intelectual, en sentido estricto, un reputado sociólogo que comprendía muy bien la dinámica y la conciencia históricas. En el análisis contextual de sus cartas, por añadidura, hay que tener en cuenta que, "cuanto más recientes son, más aumentan los problemas y contenidos discursivos de las mismas".  Por ello, se ha elaborado una panorámica caleidoscópica que ha sido posible enriquecer, en buena medida, gracias al testimonio y las reflexiones del propio protagonista, efectuadas en una muy extensa entrevista, concedida ex profeso para la elaboración de este trabajo de investigación, el 17 de enero de 2020.  En suma, a través de las misivas de José María Maravall a Felipe González —quien, como jefe del gobierno y secretario general del PSOE, tras obtener su tercera mayoría electoral consecutiva, ya había dejado dicho que "hay que renovar el PSOE para no morir de éxito", se ha podido determinar la visión interior que, sobre los principales problemas del cambio tenía uno de los colaboradores más cercanos —y de mayor confianza personal— con el entonces presidente del gobierno.  Alguien que se veía a sí mismo, por otro lado, más como un científico social que como político al uso, quien reflexionó ampliamente, durante siete largas cartas, escritas entre marzo de 1984 y septiembre de 1990, sobre asuntos políticos de gran calado, tales como la estrategia, la política de comunicación, los problemas en torno a la unidad del partido, las fallas en la coordinación interna con el PSOE, entre ministerios o con las Comunidades Autónomas, las políticas a priorizar y uno de los asuntos más controvertidos del primer mandato del PSOE: la permanencia en la OTAN.  No en vano, la denominada década del cambio (1982—1992) estuvo sometida, desde su mismo desarrollo histórico, a un juicio político, mediático y social muy vehemente, propio de la trascendencia y expectativas generadas por el primer triunfo que un partido socialista había obtenido en España, al menos desde las elecciones constituyentes de 28 de junio de 1931. En palabras de Álvaro Soto y Abdón Mateos, "el cambio implicó una esperanza y una ilusión no sólo para los votantes socialistas, sino para una gran mayoría de españoles", formando parte ya de la historia, pues, en su conjunto, "la etapa socialista entre 1982 y 1996 es un proceso acabado, aunque sigue influyendo en el presente" . La presente investigación nos ha permitido identificar tres grandes grupos de problemas: la gestión de la economía y de las cuestiones sociales por parte de los poderes públicos, la comunicación institucional y las luchas de poder.  El problema de la economía y cómo afrontar la adecuada planificación de su redistribución social ocupaba, sin duda, el primer plano. Y es que, más allá de la resolución puntual de los hechos sobrevenidos, día a día, además de la propia rutina de la administración y de la gestión ordinaria —que con frecuencia arrastraba y paralizaba la iniciativa política, adormeciendo los proyectos ideológicos y programáticos—, constituyó uno de los asuntos que más preocupó a Maravall, quien alertaría reiteradamente de esta problemática a Felipe González, ante el temor a defraudar las expectativas generadas, sobre todo en materia de política social, a un sector muy amplio de la ciudadanía.  En cuanto a la comunicación política y su gestión, con elementos tan fundamentales como la coordinación, el discurso, la estrategia y el control de la narrativa, ocuparon también de forma considerable sus reflexiones. El sometimiento de la iniciativa política a la burocracia administrativa y la consiguiente incapacidad para marcar la agenda de comunicación fue para Maravall uno de los principales problemas del gobierno durante su larga singladura.  Por último, las luchas de poder en un partido con una vida interna muy intensa y convulsa, a lo largo de toda su historia, desde que se fundara en 1879, se constituyó como el problema, quizá, más acuciante y doloroso para los protagonistas, por cuanto que se prolongó en el tiempo y produjo, como corolario, la división irreconciliable entre varios dirigentes y facciones del partido, comenzando por sus números uno y dos, Felipe González y Alfonso Guerra, división que no se zanjaría hasta la renovación generacional y política que trajo el XXXV Congreso del PSOE, celebrado en el año 2000. Las cartas, cuyo contenido recoge un pensamiento estratégico y analítico —ligado a un profundo sentimiento de pragmatismo, en clara consonancia con el socialismo reformista que preconizaba el propio Felipe González—, demuestran, sobre todo, cómo se impusieron unos problemas comunes, constantes en los gobiernos democráticos occidentales que dominaron los sistemas políticos de partidos desde la postguerra mundial y ante los que la reacción de los liderazgos contó con el soporte de los análisis y reflexiones de una suerte de consejeros políticos, ajenos al organigrama oficial e institucional de los mismos (de la Presidencia del Gobierno en este caso), pero que sin embargo formaron parte del gobierno y fueron influyentes y decisivos en numerosas ocasiones y en varios ámbitos políticos y organizativos, como queda demostrado con esta visión interior de la década del cambio de José María Maravall.    Artículo publicado en eldiario.es en colaboración con Juan Carlos Sanchez Illán

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La puesta a disposición, por parte de la Fundación Felipe González, de numerosa documentación perteneciente al expresidente, permite la indagación por parte de los investigadores en una etapa decisiva de nuestra historia más reciente. Actualmente, nos encontramos inmersos en el estudio y tratamiento de los fondos relativos a José María Maravall (Madrid, 1942). En este Proyecto se aborda la visión interior del reconocido político e intelectual sobre la políticas de la que ha sido denominada como década del cambio (1982-1992). Maravall ha sido, en primer lugar, un referente de la socialdemocracia española y europea. Un personaje que fue definido, en su biografía de los medios de comunicación, al tomar posesión como ministro de Educación y Ciencia del primer Gobierno de Felipe González (ocuparía el puesto entre 1982 y 1988), como un “un sociólogo de Oxford con una agitada biografía”. En consecuencia, abordamos especialmente las cuestiones que fueron prioritarias para él dentro de su ámbito de especialización y preocupaciones. Asuntos fundamentales, pues, tales como la elaboración del relato mediático de la acción de gobierno; los problemas de coordinación entre el partido socialista y el gobierno; la acuciante responsabilidad de asumir los costes de entrar en lo que para las izquierdas políticas, sociales y culturales, era entonces el laberinto de la OTAN, en el que el partido del gobierno se debatió en torno al famoso dilema ¿de entrada, no?; también otros aspectos menos visibles como su papel en la división interna del PSOE: en torno al conflicto ideológico de renovadores contra guerristas. Todo ello centra los objetivos primarios de este proyecto de investigación. De este modo, se analiza, desde la visión y perspectiva personal e interior de un reconocido intelectual, un sociólogo eminente que ocupó puestos de alta responsabilidad durante la década del cambio, toda una serie de problemas del momento, algunos todavía no resueltos, por cierto. A partir del trabajo, de primera mano, con sus cartas y entrevistas, se aporta, al estado de la cuestión de los estudios sobre las dos últimas décadas del siglo XX, el análisis de una potente mirada subjetiva que viene a configurar nuevas perspectivas sobre esta etapa de la historia reciente de España. Se trata, además, de un estudio epistolar e histórico que muestra cómo los protagonistas de la década del cambio reconocían ajustadamente los problemas políticos internos y no estaban exentos de angustia y de estímulo para la reacción. Existía, pues, una clara toma de conciencia de la problemáticas sociales y también del poder de influencia que determinados políticos e intelectuales ejercían sobre el presidente del gobierno. En definitiva, a través de toda la correspondencia, y particularmente en la de Maravall, se ha constatado cómo la cercanía personal e incluso la amistad y el tono coloquial son realidades que sirven al propósito de los remitentes y de los historiadores: contar y transmitir una determinada visión de la realidad, ofrecer unas soluciones concretas y tratar de influir en el resultado final de la gobernabilidad y en la toma de decisiones políticas. En este sentido, en las cartas ha podido apreciarse, aunque nunca de manera explícita, el deseo de los emisores de acercar al líder a lo que creían era la verdadera realidad, de conciliarlo con los hechos; es decir, las cartas serían una manera de sortear lo que, desde los tiempos del presidente Adolfo Suárez, se conoce como síndrome de La Moncloa, en relación al gradual distanciamiento de los inquilinos de la sede oficial de la presidencia del gobierno español con la realidad del país que gobiernan.   Artículo escrito con Juan Carlos Sánchez Illán y publicado en elobrero.es.

Según la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) estamos inmersos en la sexta extinción masiva de especies. Más de un millón de especies de animales y plantas marinas y terrestres están en peligro de desaparecer para siempre y éstas están además desapareciendo a una velocidad sin precedentes en la historia de la humanidad. Los rápidos avances de la ciencia nos llevan a preguntarnos si hay alguna tecnología que pueda ayudarnos a revertir esa tendencia. La tecnología CRISPR o “corta-pega genético” promete una revolución en muchos campos de la ciencia, desde la lucha contra las bacterias multirresistentes o el cáncer hasta la modificación genética de cultivos o animales de granja para asegurarnos nuestra subsistencia. En este marco, una parte de la ciencia promueve la idea de que este tipo de tecnologías de impulso genético pueden ayudarnos también a conservar o proteger la biodiversidad alterando los rasgos de las poblaciones silvestres o erradicando especies enteras eludiendo las reglas de la genética natural. No obstante, la genética dirigida plantea dilemas genéticos y éticos y, en estos casos, medioambientales. Mientras que los promotores de la biología sintética aplicada a la vida silvestre defienden su uso para, por ejemplo, eliminar las especies exóticas invasoras de los ecosistemas amenazados, otros advierten que se trata de una reacción en cadena genética incontrolable e irreversible que, una vez probada o utilizada en la naturaleza, no sólo podría dañar permanentemente los ecosistemas y acelerar aún más la pérdida de biodiversidad, sino que tendría también importantes implicaciones en la relación de la humanidad con el mundo natural. Además, existe un vacío normativo. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, con su Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, es el foro apropiado para desarrollar y acordar normas vinculantes a nivel mundial, pero hasta ahora esta nueva tecnología carece de una regulación específica y vinculante a nivel nacional, de la UE e internacional, ya que las regulaciones existentes sobre organismos genéticamente modificados (OGM) son insuficientes para abordar las tecnologías de impulso genético o “gene drive”. Tampoco existe una evaluación de las mismas para determinar su conveniencia ni se han desarrollado metodologías para la evaluación de sus riesgos. Ante esta situación y pese a sus prometedoras aplicaciones, el Parlamento Europeo, en aplicación del principio de precaución, pidió en enero la adopción de una moratoria mundial en relación a la liberación en la naturaleza de organismos de genética dirigida, incluyendo los ensayos de campo, con el fin de evitar una liberación prematura de estas nuevas tecnologías. No obstante, todavía está pendiente un debate político y social de principios en torno a la biología sintética para la conservación de la naturaleza y su gobernanza a nivel nacional y europeo, que abarque sus promesas y peligros, sus cuestiones éticas, el estado de la ciencia, su evaluación y la reglamentación, de manera que se sienten las bases que nos permitan adoptar decisiones responsables y cautelares en torno a esta nueva y controvertida tecnología. En mi opinión, como no existe aún un proceso para su vigilancia y control ni normas específicas sobre su seguridad, ha de regir el principio de precaución en tanto en cuanto la incertidumbre sobre los efectos nocivos en la naturaleza o en la salud persistan. Mientras tanto, habrá que hacer frente a la alarmante pérdida de especies abordando directamente los grandes causantes directos de la pérdida de biodiversidad y proponiendo medidas específicas para cada uno de ellos. Artículo disponible en huffingtonpost.es.

Tras una espera que, en plena segunda ola, a muchos se nos ha hecho larga, el Ejecutivo comunitario ha presentado su propuesta para la creación de una Unión de la Salud. Después de haber escuchado en numerosas ocasiones que la competencia primaria de protección de la salud y de los servicios sanitarios es de los Estados miembros y después de haber sido testigos de las consecuencias directas e indirectas de tal condición desde que a primeros de año se instaló en nuestras vidas el coronavirus, asistimos estos días a un paso importantísimo, anunciado en septiembre por la presidenta von der Leyen: el germen de la Unión Europea de la Salud. Tal como pedimos los socialdemócratas europeos hace meses en un documento propio cuyo contenido fue recogido más tarde en gran medida en una resolución ampliamente apoyada por la Eurocámara en julio, el nuevo marco de seguridad sanitaria de la UE planta las bases para ir más allá de la gestión de crisis y pandemias, suponiendo el primer paso hacia una unión fuerte de la salud en los 27 Estados miembros. Con escrupuloso respeto a los artículos 168 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativos a la salud y el mercado interior, la Comisión Europea propone aprender de las lecciones que nos deja esta pandemia y, sobre todo, atender a las demandas de los ciudadanos europeos que no solo han identificado la salud como una prioridad, sino también como una de las áreas en las que esperan más y mejores acciones por parte de la Unión. [...] En definitiva, lo que aquí está en juego es la salud de 450 millones de europeos y, admitámoslo abiertamente, la credibilidad de la Unión Europea como una organización capaz de atajar no solo los problemas derivados de una crisis económica sin precedentes, sino también las dificultades sanitarias a las que hacen frente los Estados miembros y sus habitantes. Hoy estamos un poco más cerca de demostrarlo. Artículo disponible en www.blogs.publico.es  

Artículo publicado en larioja.com.

Al principio de esta crisis, muchos miraban a Europa con serias dudas sobre el papel que iba a desempeñar. Teniendo como referencia principal la Gran Recesión de 2008, no es de extrañar que los europeos dudasen de la capacidad de la Unión para enfrentarse de nuevo a un reto social, económico y esta vez, antes que nada, sanitario. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que Europa ha estado a la altura. En los últimos meses, la maquinaria europea se ha puesto al máximo de sus capacidades para asegurar una salida justa para los ciudadanos y la economía, pero no a expensas del planeta. De estos meses de trabajo continuo, ha resultado un plan que busca que la recuperación europea se lleve a cabo al mismo tiempo que se alcanza la neutralidad climática, y todo ello sin perjuicio de la economía. ¿Cómo? El Plan de Recuperación de la Unión Europea Next Generation EU se ha diseñado teniendo muy en cuenta el Pacto Verde Europeo anunciado el pasado año. Prueba de ello es que la Comisión haya incluido como condición para acceder a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cumplir con el objetivo mínimo de gasto del 30% en acciones climáticas. En el caso español, el Gobierno, consciente de que nuestro país es uno de los afectados por el cambio climático, ha anunciado que dedicará a la transición ecológica nada menos que el 37% del presupuesto del Plan de Recuperación. España Puede. El Next Generation EU es un compromiso con el futuro de los europeos y una demostración de que esta crisis nos está brindando la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta: más solidaria, más sostenible y más justa. Así, el compromiso de los 27 Estados miembros de resolver juntos la peor crisis a la que se haya enfrentado la Unión se ha traducido en un fondo dotado con 750.000 millones, sin contar con el marco financiero plurianual (1,84 billones) ni la triple red de seguridad para estados, empresas y trabajadores (500.000 millones), entre otras muchas medidas. El NGEU se presenta como una inversión por un futuro, con un plan sostenible y justo para salir de esta sin comprometer la viabilidad de las generaciones futuras. Este compromiso con el futuro pasa por el Pacto Verde Europeo. El Parlamento Europeo se ha puesto a la vanguardia mundial en materia ecológica, con la aprobación de la emergencia climática en noviembre del pasado año y de la Ley Europea del Clima este mes de octubre. El Parlamento ha sido ambicioso y contundente: queremos alcanzar la neutralidad climática en 2050, y para ello debemos reducir nuestras emisiones en un 60% para 2030, establecer un objetivo intermedio de reducción para 2040 y asegurarnos de que estos objetivos son vinculantes para toda la Unión y para todos los Estados miembros. Necesitamos un control y seguimiento efectivo de las medidas y los avances realizados para poder alcanzar la meta final. Además, el Pacto Verde Europeo refuerza la idea de que la economía tiene que superar esta crisis y lograr la transformación ecológica de manera sostenible, competitiva y resiliente. Este deseo se materializa, por ejemplo, en el Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular que ha presentado la Comisión Europea como hoja de ruta hacia una Europa más limpia y competitiva. Sus objetivos principales son nada menos que conseguir que todos los productos de la Unión sean sostenibles, es decir, que duren más, que sean más fáciles de reutilizar y reparar y de reciclar. También se restringirán los productos de un solo uso, se prohibirá la destrucción de bienes duraderos que no hayan sido vendidos y se reforzarán los derechos de los consumidores. Sin embargo, los tiempos que corren nos exigen más; el Plan necesita más ambición. Y es ahí donde el Parlamento Europeo demostrará, de nuevo, que es capaz de colocar a Europa en una posición de liderazgo en materia ecológica. Durante la firma del Estatuto del Consejo de Europa, el político luxemburgués Joseph Bech decía que “la idea grandiosa de una Europa unificada – hasta hace poco aún considerada una utopía – emerge hoy desde el terreno de la esperanza para entrar en la fase de lo real”. Europa y su proyecto siguen siendo para muchos una esperanza. Es por ello que tenemos el deber de seguir luchando por la realidad de una Unión más justa, más solidaria, y más verde.   Artículo publicado en elobrero.es.

El Parlamento Europeo ha votado esta semana su postura sobre la Ley del Clima previa a las negociaciones con el Consejo y la Comisión Europea en los diálogos tripartitos, de donde saldrá el texto definitivo de la futura ley.  La Ley del Clima aprobada por la Eurocámara es un instrumento legal decisivo e histórico en la lucha contra el cambio climático, que representa uno de los mayores retos de nuestra historia. Es además un texto ambicioso a la altura de la transición ecológica, energética y justa que necesitamos.  Esta ley, que fue una iniciativa impulsada por los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, establece el marco jurídico y la trayectoria que la Unión Europea ha de seguir para alcanzar la neutralidad climática en 2050, a la que se ha comprometido. Con la fijación de un objetivo de reducción de emisiones de un 60% a 2030, que va más allá de la propuesta de la Comisión Europea de un 55% y que aumenta considerablemente el actual objetivo del 40%, el texto aprobado da la respuesta que la sociedad, los científicos y los activistas medioambientales estaban esperando: los compromisos políticos de actuar de manera urgente, coherente, ambiciosa y sin dejar a nadie atrás, han de ser obligaciones jurídicamente vinculantes. Con el texto aprobado, el Parlamento Europeo envía un claro mensaje a la Comisión Europea y al Consejo de la UE ante las próximas negociaciones: queremos que la futura Ley del Clima obligue a todos los Estados miembros a ser climáticamente neutros de aquí a 2050, queremos objetivos intermedios ambiciosos en respuesta a la emergencia climática y medioambiental que declaramos en noviembre de 2019 y a las demandas científicas y ciudadanas, y queremos un control efectivo y robusto de la evolución de las trayectorias y de las medidas políticas adoptadas al efecto. Son muchos los logros socialistas de este informe. Además de objetivos intermedios ambiciosos, los socialistas hemos conseguido introducir la creación de un presupuesto de carbono y hemos logrado adoptar las bases para la creación del Consejo Europeo del Cambio Climático (ECCC) que irá evaluando el progreso de la UE en el camino a la neutralidad climática teniendo en cuenta en cada momento los conocimientos científicos más actualizados al establecer las medidas para alcanzarla. Asimismo, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles a más tardar en 2025, sin repercutir en los esfuerzos por combatir la pobreza energética, y la interconexión entre las crisis climática y medioambiental con el fortalecimiento de las disposiciones para la adaptación al clima y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza, son principios recogidos en el texto aprobado. La aprobación del informe del Parlamento supone un paso firme en la fijación de los contenidos y objetivos de esta futura ley. No obstante, tras su aprobación por el Parlamento comienza la etapa más determinante para el futuro climático de Europa y del planeta: las negociaciones con el Consejo y la Comisión. El texto final que se apruebe ha de marcar las pautas para alcanzar una economía europea sostenible, un continente climáticamente neutro y verde y una sociedad consciente y concienciada con los límites de nuestro planeta. Esperemos que las otras dos instituciones comunitarias estén a la altura de la ambición necesaria para revertir el peligroso aumento de temperaturas y sus devastadores impactos.  Artículo publicado en www.eldiario.es.

El pasado viernes 11 de septiembre, votamos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo la futura Ley del Clima de la Unión Europea, en lo que consideramos una victoria progresista que, aunque parcial, es crucial para toda Europa, y que está liderando el grupo de los socialdemócratas en la Eurocámara. El informe que logramos aprobar en el comité ENVI supone una mejora significativa de la propuesta de la Comisión Europea.  La Unión Europea se ha comprometido a convertirse en un espacio climáticamente neutro de aquí a 2050, lo que requerirá reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en un plazo de tres décadas. Para ello, hemos de contar con objetivos ambiciosos intermedios que guíen las actuaciones de la UE en su camino a la neutralidad. Con el informe aprobado en ENVI, la mayoría progresista envía un claro mensaje a la Comisión Europea y al Consejo de la UE a la luz de las próximas negociaciones: esperamos que todos los Estados miembros alcancen la neutralidad climática para 2050 como muy tarde, y que se reduzcan en un 60% las emisiones para 2030 en comparación con los niveles de 1990, superando el compromiso actual del 40% y el previsto por la Comisión Europea del 55%. Los socialdemócratas hemos luchado mucho por un objetivo fuerte para 2030 y por un nuevo objetivo climático de la UE para 2040, que serán hitos intermedios cruciales para asegurar que la Unión y los Estados miembros estén en el camino de lograr la neutralidad climática para 2050.  Por otro lado, hemos conseguido introducir un presupuesto para los gases de efecto invernadero, que establece la cantidad total restante de emisiones en forma de equivalente de CO2 que podría emitirse hasta 2050 a más tardar, sin poner en peligro los compromisos de la Unión en virtud del Acuerdo de París. A su vez, hemos logrado adoptar las bases para la creación del Consejo Europeo del Cambio Climático (ECCC), formado por organismos consultivos de los Estados miembros, que evaluará conjuntamente si la UE está en vías de alcanzar el objetivo de neutralidad climática e identificará las oportunidades para seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el potencial de secuestro de carbono. Son muchos más los logros socialistas de este informe. La eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles a más tardar en 2025, sin que ello repercuta en los esfuerzos por combatir la pobreza energética; el fortalecimiento de las disposiciones para la adaptación al clima, con una mayor consideración de los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables y afectados, así como la promoción de soluciones basadas en la naturaleza en las estrategias y planes de adaptación de los Estados miembros, son demandas de la sociedad, de los científicos y de los activistas medioambientales que hemos conseguido reflejar en el texto. Por último, hay nuevas disposiciones relativas a las corrientes de financiación pública y privada, elementos más fuertes de justicia social y solidaridad como una referencia a las directrices de 2015 de la Organización Internacional del Trabajo para una transición justa y una nueva disposición que permitirá a los ciudadanos y a las organizaciones no gubernamentales acceder a la información ambiental e impugnar las decisiones en materia de medio ambiente, en consonancia con la Convención de Aarhus sobre el acceso de los ciudadanos a la justicia. La Ley de Cambio Climático permitirá desarrollar una estrategia clara para el futuro y una economía europea sostenible. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer. Una vez la votación se confirme en el Pleno, pasaremos a las negociaciones con la Comisión y el Consejo de la UE. En este camino seguiremos defendiendo una postura progresista, sostenible y verde. Para los socialistas, alcanzar la neutralidad climática para 2050 es la gran prioridad de nuestro tiempo. Se lo debemos a los ciudadanos, a las generaciones futuras y al planeta.   Artículo publicado en www.huffingtonpost.es.

Este mes de julio el Tribunal General de la Unión Europea anuló la multa de 13.000 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a la empresa estadounidense Apple. Para sorpresa y decepción de muchos, el Tribunal no consideró las exenciones fiscales irlandesas una ayuda de Estado ilegal, tal como defendía el Ejecutivo comunitario (que llegó a asegurar que gracias a ella la tasa impositiva efectiva para los de Cupertino en 2014 fue de 0,005%).  Al margen de interpretaciones jurídicas del dictamen, hay hechos incontestables. Uno de ellos es que en 2018 Apple declaró ingresos en España por valor de 435,4 millones de euros, pero destinó a impuestos en el mismo ejercicio poco más de 10 millones, es decir, un 2,5% aproximado sobre sus ingresos declarados. Otro ejemplo es el tipo efectivo de impuesto de sociedades aplicado en los Estados miembros. Con datos de la OCDE de 2019, en España es el 24,8%. En Irlanda el 11,8%.  No se trata aquí de comenzar una batalla entre estados por ver quién es más “competitivo” (ergo, más barato) ni tampoco de perseguir a empresas concretas, sino de replantear y, sobre todo, ampliar el foco del debate sobre la fiscalidad. Si hasta ahora el “ruido mediático” y el debate en la calle se ha centrado en los tipos impositivos, lo que correspondería hoy es comenzar la discusión por el principio: la lógica del sistema impositivo. ¿Para qué pagamos impuestos?  Piénsenlo. Estamos tan acostumbrados que ya nos hemos olvidado que el objetivo principal de los impuestos no es recaudar per se: es mantener el Estado y, en concreto, el estado del bienestar que disfrutamos en Europa. Las carreteras por las que circulamos, los médicos que nos atienden, las universidades de nuestros jóvenes, la protección de nuestros montes, los autobuses urbanos que nos llevan a la oficina... Todo esto no es gratis. Cuesta dinero. Y mucho.  Lo digo para ponernos en contexto porque ahora, en plena crisis económica tras la pandemia, oímos decir a algunos (otra vez, siempre son los mismos) que en un momento como este hay que “bajar impuestos” para ser más competitivos (recuerden, “baratos”). Pues bien, lo que los socialdemócratas decimos y defendemos es que en un momento de crisis como el actual lo que debemos ser es realistas, serios y, sobre todo, justos. El futuro inmediato y a largo plazo de todo lo que conocemos está en juego.  Con una deuda pública prevista a niveles altísimos durante años a lo largo y ancho de la UE y la crisis climática desbocada en todo el mundo, es hora de afrontar los hechos. Uno) nuestros sistemas fiscales no están adaptados al siglo XXI: ni a su velocidad ni a su carácter digital. Dos) nuestra sociedad está cada vez más envejecida, con lo que ello comporta para los sistemas de pensiones y de la seguridad social europeos. Tres) el modelo económico actual se basa en la explotación ilimitada de unos recursos que son limitados, o sea, pan para hoy y hambre para mañana. Cuatro) además, nuestro sistema capitalista y estilo de vida, tal como están planteados, están provocando la destrucción del planeta, así, sin eufemismos: llamemos a las cosas por su nombre. Cinco) la brecha entre ricos y pobres -la desigualdad nacional, europea y global- sigue creciendo.  Por todo ello, defendemos los socialistas una fiscalidad justa, coherente y moderna en la que los gigantes tecnológicos paguen los impuestos que les corresponden, como los que correspondan a los que más contaminan. A lo que nos oponemos es a que los más vulnerables paguen las consecuencias de la crisis, como ocurrió en la Gran Recesión gracias al brazo austero de las fuerzas conservadoras.  En otras palabras, lo que perseguimos los socialistas europeos es que haga un mayor esfuerzo quien está en posición de poder hacerlo: el sector financiero, los gigantes tecnológicos y las grandes corporaciones. Por eso nos referimos a la justicia fiscal como la base para lograr justicia social. Algunas de las medidas “descabelladas” que proponemos incluyen el establecimiento de un tipo mínimo comunitario para el impuesto de sociedades del 18%, la creación y desarrollo de impuestos ecológicos y la armonización e implantación a escala internacional de nuevos impuestos como la Tasa Tobin (sobre las transacciones financieras) o la tasa Google (sobre determinados servicios digitales). Afortunadamente, la Comisión Europea -y hasta la OCDE- se mueve en la misma onda y por eso presentó su propio Paquete de Medidas Impositivas en julio que viene a completar sus propuestas previas sobre las tasas de emisiones de carbono, al plástico no reciclable y a las grandes empresas que operan en la UE, entre otras.  Queda mucho trabajo por delante y el dictamen del Tribunal ha demostrado que el camino no está exento de obstáculos. Pero, como dijo Mandela, “siempre parece imposible hasta que se hace”. Artículo publicado en www.huffingtonpost.es.

Si nada o nadie lo impide, el próximo 1 de julio el nuevo Gobierno de Israel presidido por Benjamín Netanyahu ocupará unilateral e ilegalmente Cisjordania. Numerosos países y organismos internacionales han levantado la voz para advertir de las dramáticas consecuencias que este hecho tendría, así como para insistir en que sería totalmente contrario al derecho internacional (al igual que los más de 500 asentamientos de 850.000 colonos en territorio palestino, cabe recordar). La ONU, la Unión Europea, la Autoridad Palestina, los Patriarcas y Jefes de las Iglesias de Tierra Santa, el Vaticano, la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica, Alemania, Francia, España, Suecia, Irlanda, Bélgica y otros muchos se suman a los miles de ciudadanos anónimos que se manifestaron la semana pasada en Tel Aviv "contra la ocupación, contra la anexión y en favor de la paz y la democracia". En plena escalada de las protestas sociales con motivo del asesinato de un joven negro a manos de la policía en Minneapolis, no debemos ignorar que estos hechos deleznables se producen más allá de las fronteras americanas. El racismo institucional y los abusos policiales también parecen estar detrás de la muerte de Iyad Halak, un joven palestino autista al que la policía de frontera disparó y mató la semana pasada en la ciudad vieja de Jerusalén estando él desarmado. Ni su muerte ni la de George Floyd fueron justas ni mucho menos democráticas. Al presidente Trump le parece que con la fuerza bruta todo se puede ganar (y lo que no, ya lo comprará con dinero). Debería escuchar a sus asesores (el tiempo que le duran antes de dimitir o de que los eche) cuando recomiendan prudencia y rebajar la tensión. ¿Será que esta vez sí lo ha hecho? Hace unos días supimos que incluso la Administración estadounidense había sugerido al gobierno hebreo "aplazar la anexión más allá del 1 de julio". Parece que hasta en Washington tienen dudas acerca de la visión para la paz del presidente, ese calamitoso plan rechazado por los palestinos en bloque y por los principales actores internacionales (incluida la UE) que proporciona, sin embargo, carta blanca a Netanyahu para proceder ahora. ¿Escuchará el Primer Ministro israelí? Ojalá me equivoque, pero parece que las llamadas a la ley y a la prudencia no resuenan en el Ejecutivo israelí. En estas condiciones, cabe preguntarse "¿y entonces qué?". ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar como Unión Europea que somos? Israel es un socio clave para la UE y al contrario (somos su primer socio comercial): cualquier medida punitiva o sancionadora debe ser justa y proporcionada, como con cualquier otro socio, qué duda cabe. Pero debe haberlas. Dejar pasar esta nueva ilegalidad internacional sin consecuencias sería un error estratégico que minaría, además, la credibilidad de la UE pues, ¿qué diferencia la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol en marzo de 2014 de una posible anexión del 30% de Cisjordania en 2020? ¿Por qué la UE sí impone contra Rusia medidas y sanciones de carácter diplomático, individual, comercial y económico, pero no habría de hacerlo contra Israel? Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante ya reconfirmó que la UE es una firme defensora de la solución de dos Estados y que la Unión y sus Estados miembros "no reconocerán ningún cambio en las fronteras de 1967 a menos que lo acuerden israelíes y palestinos". Al mismo tiempo ha subrayado que la seguridad de Israel "no es negociable". Porque no lo es, recordémoslo. La UE está comprometida con "una paz justa, duradera y global para el Oriente Próximo". Para lograrlo las dos partes tienen que estar de acuerdo. Es en este marco en el que debemos oponernos con fuerza a esta anexión sin menoscabo de nuestra relación con el Gobierno de Israel. Somos socios y queremos seguir siéndolo, pero somos la Unión Europea. Somos un referente mundial en diplomacia y por eso mismo debemos actuar. Artículo publicado en www.eldiario.es.

Artículo aparecido en www.larioja.com.

La pandemia de COVID-19 ha puesto los sistemas de salud bajo una presión sin precedentes, mostrando la fragilidad de las instituciones multilaterales para la colaboración global y poniendo de manifiesto la necesidad imperiosa de revisar las competencias europeas en salud pública.  En las primeras fases de la pandemia, algunos países establecieron restricciones a la exportación para proteger su suministro interno de medicamentos y equipamiento médico, lo que contribuyó a ralentizar la respuesta a la crisis en sus momentos más críticos. Ningún país puede enfrentarse solo a una crisis como la actual en el mundo globalizado en el que vivimos. La necesidad de coordinación y colaboración global a través de la diplomacia de la salud se ha vuelto esencial para prosperar en el futuro, de la misma forma que es indispensable aumentar la capacidad de respuesta europea. La mayoría de los Estados miembros no tienen la capacidad de producir los equipos médicos esenciales y productos activos suficientes para hacer frente a esta pandemia y dependen en gran medida de las importaciones procedentes de terceros países como China, India y los Estados Unidos. Partiendo de esta base, la UE ha establecido un mecanismo de adquisición conjunta de equipos médicos que debería reforzarse para la adquisición de nuevos medicamentos y dispositivos médicos. Este mecanismo reforzado garantizaría un acceso más equitativo, una mayor seguridad de suministro y precios más competitivos, y será de suma importancia cuando una vacuna o nuevos tratamientos para la COVID-19 estén listos en el mercado, para poder hacer que éstos lleguen a todos los ciudadanos.   Esto demuestra que necesitamos un liderazgo más fuerte de la Unión Europea, y éste debe tomar la forma de una Unión Europea de la Salud. Nuestros sistemas sanitarios deben fortalecerse y garantizar que puedan hacer frente a emergencias de salud pública sin colapsar. Para ello, es esencial medir la capacidad de los sistemas nacionales de salud para hacer frente a escenarios de alta presión. A su vez, sería también necesario que la Comisión propusiera una Directiva sobre estándares mínimos en atención sanitaria utilizando parámetros como el número de camas de hospital por persona, la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, el número de médicos y enfermeras por habitante, el gasto en salud, y el acceso y la asequibilidad de la asistencia sanitaria para todos, lo que garantizaría un nivel mínimo de cobertura sanitaria en Europa. Igualmente, hemos sido testigos de que los planes europeos de respuesta ante emergencias actuales, muy centrados en la gripe, han resultado ineficientes para la pandemia de COVID-19. Por ello, necesitamos nuevos planes de preparación para pandemias, actualizados y adaptados a las nuevas características de ésta y futuras pandemias, que incluyan también estrategias de comunicación sólidas para evitar la desinformación y combatir las noticias falsas. En el siglo XXI, hemos visto un aumento en la frecuencia de brotes de enfermedades zoonóticas, transmitidas de animales a humanos, como el SARS en 2003, el H1N1 en 2009 y el ébola en 2014. Esto no es una coincidencia. La destrucción ambiental debido a la deforestación y la pérdida de hábitats, el contacto creciente entre animales salvajes y humanos, algunas prácticas culturales como comer fauna exótica, y la agricultura intensiva, se encuentran entre las causas del origen de este aumento. En otras palabras, la pandemia actual se esperaba de alguna manera. Por ello, cualquier nueva medida de prevención que sea implementada a partir de ahora debe considerar la interconectividad de la salud ambiental con la salud animal y humana, así como incluir un componente para la protección de la biodiversidad. Actualmente observamos una disminución en el número de casos nuevos de COVID-19 y en el número de muertos, en parte debido a las medidas de confinamiento. Sin embargo, todavía estamos en el comienzo de esta crisis y si queremos recuperarnos de ella, necesitamos convertirnos en una sociedad más resiliente, sin dejar a nadie atrás y poniendo la salud ambiental en el centro de nuestro crecimiento económico. Debemos estar listos como sociedad para un nuevo tipo de normalidad y para una nueva Europa reforzada, que ha de venir de la mano de una Unión Europea Sanitaria para hacer frente a futuras posibles crisis. Artículo aparecido en www.huffingtonpost.es.  

En su último libro (Ideas y poder. 30 biografías del siglo XX), Juan Pablo Fusi recoge las palabras que el canciller de la República Federal de Alemania Konrad Adenauer escribió en sus Memorias hace hoy 70 años: «El 9 de mayo de 1950 fue el día más hermoso de mi vida». Aquel día, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, había hecho pública la Declaración que lleva su nombre, la cual había sido redactada a su vez por Jean Monnet. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) estaba en marcha, y con ella la idea más poderosa nacida en Europa en las eras moderna y contemporánea: la unidad federal del continente, desde la diversidad nacional como base, para avanzar en un proyecto de integración comunitaria. Pasadas siete décadas y algunas generaciones de europeos después, nos encontramos de nuevo ante otro punto de inflexión en ese proceso de construcción social y política que es la Unión Europea. Tras las últimas elecciones, pronto se cumplirá un año, la UE se encaminaba hacia la adopción, otra vez, de un papel de liderazgo (a través del ejemplo y del compromiso) global ante un mundo multipolar que comparte desafíos comunes bien identificados: la crisis climática, la revolución digital, las desigualdades sociales y las migraciones, por ejemplo. Casi recuperados del todo del impacto de la Gran Recesión de 2008 y de su mala gestión, la Unión se disponía a 'empezar de nuevo', asumiendo el papel que debe tener en el mundo y ante los problemas más acuciantes. Hasta la explosión de la pandemia del COVID-19 a principios de año, el trabajo estaba encaminado, con dificultades, pero lo estaba: nuevas prioridades y transformación de los antiguos paradigmas en nuevos retos: la evolución hacia una nueva economía verde y sostenible fijando una reducción muy alta de los gases con efecto invernadero, manteniendo a la vez las políticas de cohesión social y territorial y las ayudas agrícolas y ganaderas dentro de la PAC. El camino estaba trazado. La crisis sanitaria mundial ha obligado a congelar las relaciones sociales y la economía en seco. Era la única forma de interrumpir una secuencia de contagio galopante. Con la cuarentena, la crisis sanitaria ha evolucionado hacia una crisis económica y social y, por ende, nos ha conducido a un nuevo debate en el seno del proyecto europeo que contiene muchos elementos similares, si no idénticos, a los que ya afrontaron Adenauer, Schuman y Monnet hace ahora 70 años. [...] Tras una primera reacción desalentadora, el Consejo y la Comisión, empujados por el Parlamento y por algunos Gobiernos nacionales como el español, han puesto en marcha el Fondo de Reconstrucción (propuesto por el presidente Pedro Sánchez), y el debate sobre el alcance de la solidaridad (ayuda transferida, ayuda prestada o mezcla de ambas) centrará ahora las discusiones y los trabajos. Pero de fondo, habrá triunfado la primera Europa, la original, la de la unidad en la diversidad para la solidaridad, la de los ciudadanos, la social. Hoy no es el día más feliz de nuestras vidas, como lo fue para Adenauer aquel 9 de mayo de 1950, pero sin embargo sí es un día para la esperanza, la que da saber que la UE sigue en marcha, con problemas y dificultades, pero en marcha. Y es que, después de todo, la UE debe ser y convertirse en algo mejor, pero seamos conscientes también de que no existe alternativa ninguna a la Unión. Y eso es lo que hemos aprendido 70 años después. Feliz Día de Europa, queridos lectores. Artículo disponible en www.larioja.com

The COVID19 pandemic has put healthcare systems under an unprecedented pressure. It has uncovered great deficiencies in the health systems of many European countries after years of underfunding and cuts. It has discovered the fragility of multilateral institutions and global collaboration. And it has also brought to light the need to review the European competencies in public health. No country can face alone a crisis like the current one in the globalized world we live in. The need for global coordination and collaboration through health diplomacy becomes essential to prosper into the near future. In the first phases of the pandemic, some countries were tempted to engage in export restrictions to protect domestic supply of medicines and medical devices. This contributed to slow down the crisis response in its most critical moments. Even if some of the supply problems have been solved, others persist. Furthermore, there are still some countries and regions facing shortages of protection material and medical equipment. Differences in the numbers of diagnostic tests (PCR) performed per million of habitants and inaccuracies in the counting of deaths prevent the availability of significant statistics at EU level, essential to understand the progressing of the pandemic in the territory and the efficacy of the measures taken. Most Member States do not have the capacity to produce essential medical equipment and active products to face this pandemic and depend greatly on imports from third countries such as China, India and the USA. On this basis, the EU has put in place a mechanism of joint procurement for medical equipment that should be strengthened for procuring new medicines and medical devices. This reinforced mechanism would secure a more equitable access, an improved security of supply and more balanced prices and will be of the utmost importance when a vaccine and/or new treatments for COVID-19 will be ready in the market, making it available to all citizens. We need stronger leadership from the European Union in the form of a European Health Union. We need to strengthen our health systems and ensure they can cope with health emergencies without collapsing. To that purpose, it is essential to perform stress tests of national health systems, i.e. to verify their capacity to face high-pressure scenarios. Based on the findings of the stress tests, the Commission should propose a Directive on minimum standards in healthcare using parameters such as hospital beds per head, critical care capacities, numbers of doctors and nurses per head, rate of health expenditure and access and affordability of healthcare for all, including for vulnerable populations.  Even if Member States were reluctant to share their health competencies with the EU, this new Directive could build on a minimum permitted level of health coverage. Moreover, many countries, especially the southern and eastern Member States, have suffered for decades brain drain of highly specialized workers such as doctors and scientists. Many of them look for better working conditions and social recognition in other countries, leaving their countries of origin short of specialized workforce. It would be desirable to harmonize their working conditions across Europe as well as to offer these highly trained workers equal opportunities. In parallel, we have witnessed that the current preparedness plans, very influenza-focused, have proved inefficient for  the COVID19 pandemic. We therefore need new pandemic preparedness plans, updated and adapted to the new characteristics of this and future pandemics, including solid communication strategies to avoid misinformation and fight fake news. In the 21st century, we have seen a raise in the frequency of outbreaks of zoonotic diseases (transmitted from animals to humans), such as the SARS in 2003, H1N1 in 2009 and Ebola in 2014. This is not a coincidence. Environmental destruction due to deforestation and habitat loss; increasing contact of wild animals and humans; some cultural practices such as eating exotic wildlife; and intensive farming, which increases antibiotic dependence, are among the root causes of this raise. In order words, the current pandemic somehow expected and could have therefore been prevented. As a result, any new prevention measures put in place from now on should consider the interconnectivity of environmental health with animal and human health as well as a component for biodiversity protection. There is currently a decrease in the number of new COVID19 cases and death toll, in part due to the confinement measures but also because doctors and medical staff are now more prepared and have more experience treating the disease. However, we are still at the beginning of this crisis and if we want to recover from it, we need to become a more resilient society, leaving no one behind and putting the environmental health at the centre of our economic growth. Our way towards deconfinement and reactivation of our economies should not translate into “business-as-usual”. We must be ready as a community for a new kind of normal. Artículo aparecido en www.theparliamentmagazine.eu.

Por: César Luena y Nicolás González Casares El pasado 26 de febrero, una misión internacional de la OMS que había estado en China y se había desplazado hasta Hubei presentaba el informe de conclusiones de sus observaciones sobre el COVID-19. No es nuestro objetivo juzgar el trabajo de los comisionados ni la colaboración de las autoridades chinas, pero hay cuestiones que llaman la atención en los datos ofrecidos por el gigante asiático y por el organismo internacional en ese documento de 40 páginas. Sabiéndose, como recoge el informe, que el descubrimiento de los primeros casos sospechosos corresponde a fechas a caballo entre noviembre y diciembre y que a finales de año ya se detectaba que se trataba de un nuevo virus, sorprende la evolución de casos y fallecidos que presentan las autoridades chinas. Sin duda, estas son más llamativas en Wuhan y Hubei, ciudad y provincia respectivamente epicentros de esta pandemia. Recordemos que el cierre total en esos lugares coincidió con la Fiesta del Año Nuevo chino el pasado 23 de enero. Sorprende que los datos que reflejan las autoridades (y que recoge la OMS) reporten una disminución de nuevos casos y fallecimientos tan sólo con tres días de confinamiento: es decir, que en bastante menos de una semana la curva epidémica de Wuhan y Hubei cambia su tendencia, se aplana y empieza a bajar. Con los datos epidémicos actuales del resto de países con confinamientos severos como España e Italia y sabiendo del comportamiento de la enfermedad, el retardo que se produce en la aparición y detección de casos y, fundamentalmente, en los fallecimientos, no deja de ser llamativo que en menos de una semana de confinamiento se pudiera haber controlado la explosión epidémica. Se aprecia que la dimensión otorgada inicialmente a la epidemia no es la que posteriormente ha tenido. El propio Director General de la OMS en la rueda de prensa de presentación del informe afirmaba que “China tiene menos de 80.000 casos en una población de 1.400 ‎millones de personas. En el resto del mundo hay 2.790 casos en una ‎población de 6.300 millones”, si bien tampoco descartaba “la posibilidad de que se convierta en una ‎pandemia, porque tiene la capacidad de hacerlo”. ‎ Aunque a veces parezca que lo obviamos lo cierto es que aproximadamente dos terceras partes de las enfermedades infecciosas activas en humanos son zoonóticas, es decir, transmitidas por animales. Sin embargo, resulta sorprendente la escasa acción al respecto, a pesar de que estas enfermedades han aumentado globalmente en los últimos 60 años y de que cada vez hay más patógenos zoonóticos entre nosotros como resultado de la actividad humana y su huella ecológica. La deforestación y cambios en el uso de la tierra, el manejo de los sistemas agrícolas y de producción alimentaria, el tráfico de especies salvajes, la adopción de animales salvajes como mascotas y la urbanización están contribuyendo de manera drástica a ello. De hecho, en lo que llevamos de siglo son ya varias las alertas epidémicas de origen vírico procedentes de China como el SARS o el virus H1N1. No obstante, ninguno de ellos tuvo ni por asomo el impacto que ahora estamos sufriendo con el coronavirus bautizado como SARS-CoV-2. Sin duda, parte del relajamiento de Occidente se deba al escaso alcance de las alertas previas consideradas en cierta medida como falsas alarmas en el ámbito sanitario. Un error que estamos pagando en un momento en que el multilateralismo debe ser reforzado al igual que los organismos que lo sustentan. Como es evidente, China no solo es un país enorme, sino una gran potencia y el lugar donde se fabrica casi todo. Pero no es menos cierto que, tras lo sucedido, el gigante asiático va a quedar señalado para nuestras sociedades europeas por bastante tiempo como el origen de la pandemia. No obstante, debemos afrontar con ellos esta nueva situación. Desde luego, China debe hacer esfuerzos en mejorar el control de su cadena alimentaria, preocupante desde la óptica europea, tan estricta en normativas en ese campo: macrogranjas, abuso de métodos intensivos, hábitos alimentarios que incluyen especies salvajes protegidas, etc. Igualmente, y como antes se apuntaba, el respeto y la conservación de la biodiversidad también deberán estar presentes en este debate. De hecho, 2020 ya guardaba a China un papel destacado en la COP 15 sobre Biodiversidad. Hoy más que nunca debemos ser conscientes de que la salud humana y animal son interdependientes y de que ambas dependen de la salud ambiental y del buen estado de los ecosistemas en los que interaccionan. Si queremos minimizar el riesgo de futuras pandemias es prioritario que China y la UE abordemos de forma colaborativa las alteraciones de los ecosistemas por la acción humana y su relación con el incremento del riesgo de surgimiento de enfermedades infecciosas y su diseminación. Asimismo, la UE debe colaborar con las autoridades chinas para evitar la estigmatización del país asiático y para construir la nueva relación que tendrá que surgir de esta crisis, pues ni la UE puede obviar a China ni China puede prescindir de Europa. Igualmente, esta crisis nos ha demostrado que las medidas globalizadoras que permiten la deslocalización de la producción también pueden convertirse en un peligro para la seguridad de los ciudadanos europeos. El desabastecimiento de materiales sanitarios que hemos sufrido en estas últimas semanas viene derivado fundamentalmente de la escasez de manufactura europea. Lo mismo está sucediendo con buena parte de los principios activos de los medicamentos. Europa no puede depender únicamente de productores externos, un hecho que se muestra en toda su dimensión en situaciones de emergencia. Además, China puede convertirse en un aliado en desarrollos que favorezcan una transición ecológica más dinámica o en el ámbito digital con mayor innovación, garantizado en todo caso la seguridad de las redes y la independencia tecnológica europea. China debe entender que Europa tiene que fortalecer sus industrias esenciales y establecer una relación alejada de guerras comerciales y que pueda basarse en la confianza mutua, al tiempo que Europa debe percibir que China puede ser un aliado en el mundo post-pandemia. Nos espera por tanto un mundo en crisis, no sólo económica. Sabemos que será diferente. Ahora nos toca elegir nuestra actitud ante el mismo: actuar desde la colaboración será más productivo para la humanidad que hacerlo con disputas. Sin duda, China estará ocupando un lugar de liderazgo en ese mundo. Los 450 millones de habitantes de la UE debemos recorrer este camino juntos. Artículo aparecido en www.euractiv.es.

La inteligencia artificial (IA), la robótica y todas las nuevas técnicas y tecnologías están revolucionando nuestro mundo. Muchas técnicas ya están siendo usadas en varias disciplinas con resultados sorprendentes. Por ejemplo, en una sociedad envejeida como la europea, la IA y en particular, la robótica, presentan posibilidades interesantes para mejorar los cuidados y reducir los costes. La IA se está utilizando ya para mejorar la eficiencia y la personalización de los tratamientos (medicina personalizada) y para ayudar a prevenir y diagnosticar enfermedades de manera más precisa. Igualmente, el uso de robots quirúrgicos extiende las habilidades y la precisión de los cirujanos humanos y supera las capacidades para realizar cirugías mínimamente invasivas, con movimientos de gran precisión. Estos robots abren además las posibilidades a la telecirugía mientras que la telemedicina es ya una realidad. Actualmente, se está debatiendo mucho sobre el uso de estas nuevas tecnologías en la lucha contra la COVID-19 y la prevención de futuras pandemias. El uso de la IA para la biovigilancia y el seguimiento de los movimientos del virus puede abrir puertas a compilar información que de otra manera sería muy difícil obtener. La ciencia es por definición colaborativa, y en tiempos en los que los países se han cerrado en sí mismos, la ciencia y los científicos se han abierto más que nunca. La disponibilidad pública de las secuencias víricas obtenidas en distintas partes del mundo permite analizar la migración del virus por el globo terrestre y las mutaciones asociadas a dicho movimiento, un dato esencial para evitar que las nuevas vacunas diseñadas queden obsoletas al poco tiempo. La posibilidad de rastrear los contactos y los movimientos humanos permite contener y limitar la expansión del virus y, en última instancia, controlarlo, pero genera dilemas éticos sobre la protección de los datos personales proporcionados y su posible utilización para usos no previstos en el consentimiento inicial o de manera ilícita. En materia sanitaria, los avances que la IA puede brindar son muy numerosos, pero también presentan dilemas éticos que deben ser regulados y protegidos. Estos dilemas se están planteando también en relación a las aplicaciones usadas por ciertos países en el control de los contagios. Es responsabilidad de los órganos de gobierno regular el uso de estos datos, de manera que permitan combatir ésta y futuras pandemias pero que, a la vez, respeten el derecho a la privacidad de todos los ciudadanos. Nos encontramos en una encrucijada que requiere un liderazgo público, colaborativo y social. Cómo respondamos a retos así, marcará la confianza ciudadana ante estas nuevas tecnologías y el progreso hacia una sociedad más justa y sana. Pero igualmente libre. La Inteligencia artificial, como toda nueva tecnología, debe ser regulada basándonos en las reglas y valores europeos. Estas tecnologías avanzan a una velocidad de vértigo y la regulación no debe quedarse atrás, asegurando una transición y adaptación justa e igualitaria para todos y protegiendo de manera especial a los grupos más vulnerables. Necesitamos una IA que sea no solamente potente, sino también transparente a la inspección, trazable, predecible y robusta contra cualquier manipulación. Además, su regulación debe ser un proceso cíclico, abierto a la mejora conforme los análisis de estas tecnologías a más largo plazo van apareciendo y sujeto a mecanismos de evaluación durante toda su vida útil. Para conseguir una transición igualitaria es esencial contar con la confianza de los ciudadanos. Para ello, la ética debe ser el pilar fundamental sobre el que se sostenga la regulación de la IA, con los derechos fundamentales en su base. Por último, no está de más recordar que la IA y las nuevas tecnologías asociadas no han de ser un fin en sí mismas, sino un medio para facilitar el progreso y la innovación, preservando y mejorando el bienestar social y la libertad individual. Artículo aparecido en www.fundacionsistema.com.

Al mismo tiempo que nos ocupamos de gestionar la terrible y dramática crisis sanitaria de hoy, es vital pensar cómo vamos a gestionar la crisis social y económica de mañana. En este sentido, son positivas las últimas decisiones de la Comisión Europea, del Parlamento y del Banco Central Europeo para movilizar miles de millones en fondos no ejecutados y para salvaguardar al euro y a los Estados miembros en su acceso a la financiación en los mercados internacionales. Como también es destacable la ampliación del Fondo Europeo de Solidaridad, la suspensión temporal de las obligaciones del Pacto de Estabilidad en lo que a deuda pública y déficit se refieren o la coordinación de la UE y los Estados miembros en la compra de material médico y sanitario. Sin embargo, siendo estas medidas positivas y necesarias, son insuficientes. No blindan nuestro proyecto comunitario, sometido una vez más a una fuerte presión que no hará sino incrementarse con el paso del tiempo, más aún a medida que la crisis económica tome el relevo de la sanitaria. Por este motivo, se multiplican las voces de los que pedimos más y mejor. Más integración y menos nacionalismo, más política comunitaria y menos pensar en «barrer para casa». En definitiva, más y más Europa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido de los primeros en levantar la voz, reclamando nada menos que un Plan Marshall europeo, la mutualización del riesgo y la deuda «coronaria» (los llamados «coronabonos»), un seguro de desempleo común, la movilización del Banco Europeo de Inversiones... No está solo en sus demandas. Los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo hemos pedido a todos los líderes de la Unión (sabiendo que algunos están más predispuestos que otros) la aprobación de medidas urgentes y a medio plazo para luchar contra la crisis económica, social y sanitaria desatada por el COVID-19. A los planteamientos del presidente se suman propuestas como un sistema europeo temporal de renta mínima, una Garantía de Empleo europea, la activación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, una garantía de préstamo para los propietarios de primeras viviendas, flexibilización total del marco de ayudas estatales... y así hasta 25 medidas, incluyendo una vez más la petición de aumentar el presupuesto europeo al 1,3% del PIB de la UE, ahora más necesaria que nunca. Además, nueve jefes de Estado y primeros ministros (Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Eslovenia, Portugal y España) han firmado una carta en la que reclaman abiertamente «un instrumento de deuda común» y una «financiación específica en el Presupuesto de la UE», entre otras cosas. Lamentablemente, el Consejo Europeo del pasado jueves no ha estado a la altura de las circunstancias (Holanda y Austria como obstáculos y Alemania cómplice de la parálisis) y ha dilatado las decisiones que se necesitan con urgencia. Sin embargo, gracias a la presión de España y de Italia, el Consejo (los gobiernos europeos) deberá concretar un plan anticrisis en el plazo de dos semanas. Queda mucho por decidir y por hacer hasta que esta crisis pase. Pero queda mucho por decidir y por hacer para lograr que nos recuperemos con éxito de la misma. La respuesta europea tiene que ser contundente e inmediata. No nos cansaremos de repetirlo. Seguiremos insistiendo porque creemos, estamos convencidos, de que Europa es la respuesta. En palabras de nuestros líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez, «si queremos que la Europa del mañana esté a la altura de las aspiraciones de su pasado, debemos actuar hoy y preparar nuestro futuro común. Abramos este debate ahora y avancemos, sin dudarlo». Se trata de luchar juntos hoy para reconstruir mañana unidos. Artículo aparecido en www.larioja.com.

Ayer, miércoles, la Comisión Europea presentaba su borrador de Ley de Cambio Climático, el más ambicioso intento de reducir el calentamiento del planeta, las emisiones de CO2, de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera y el principio del fin de la era de los combustibles fósiles. Ese control tendrá, una vez adoptado el texto definitivo, rango de Ley. La Comisión Europea establece en su propuesta el marco legal para que la neutralidad climática en 2050 sea una realidad vinculante en Europa y no solo un discurso político.  Las evidencias científicas de los últimos informes científicos del IPCC - Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el consenso global alcanzado y la necesaria justicia social se han plasmado en esta propuesta que impone las doctrinas científicas sobre las conjeturas voluntaristas, lo renovable sobre lo fósil, un modelo de producción y consumo sostenibles sobre la contaminación sin límites, los hechos sobre las promesas, dejando fuera del tablero de juego a negacionistas y conformistas. Esta propuesta de Ley era y es necesaria. Ahora que comienzan las discusiones sobre la misma en los dos órganos colegisladores europeos, Parlamento y Consejo, esa necesidad se traslada a los dos fundamentos que han de guiar las mismas hasta alcanzar un texto definitivo: ambición y coherencia. Por un lado, ambición en el objetivo intermedio de reducción de emisiones a 2030 que debe ser del 55%, así como uno aún más ambicioso a 2040, que la propuesta de Ley ni siquiera menciona. Sólo así podremos trazar la planificación sobre cómo lograr la neutralidad de carbono en los próximos años. A su vez, la ambición ha de encontrarse igualmente en la revisión de los objetivos de las Directivas de Energía Renovable y de Eficiencia Energética. Por otro lado, coherencia en los dichos y en los hechos; esto es, en los discursos y compromisos y en las consiguientes acciones y medidas concretas que habrán de adoptarse para aumentar el nivel de ambición en los distintos sectores contaminantes como el transporte, la agricultura, la industria, el sector energético y la silvicultura. Además, hay dos cuestiones que han de quedar bien definidas y ajustadas en la Ley. De una parte, la dimensión social y económica. La Ley del Clima debe basarse en el principio de Transición Justa tal como se define en el preámbulo del Acuerdo de París, y debe contribuir a la consecución de los objetivos de pleno empleo y progreso social. Ello implicaría que la Comisión Europea debiera garantizar que las políticas y propuestas climáticas presentadas incluyan una evaluación del impacto socioeconómico, incluidos los temas relacionados con la pobreza energética, así como una evaluación de las necesidades de empleo, incluidos los requisitos de educación y formación. De la misma forma, las especificidades de todas las regiones deben tenerse plenamente en cuenta durante el proceso de transición, para que esta sea realmente justa y equitativa e implemente el Pilar Europeo del Derecho Social. Ninguna región ni ningún sector puede quedar en segundo plano. Nadie debe quedar atrás. De otra parte, el papel del Parlamento y de los Estados miembros en la toma de decisiones. La necesidad de adoptar ciertas decisiones por el procedimiento legislativo ordinario y no por acto delegado, como queda en principio estipulado en el borrador de Ley en muchas cuestiones de relevancia, es fundamental. Hay cuestiones, como la revisión de objetivos o la creación de objetivos intermedios, que han de seguir el procedimiento de codecisión entre Parlamento y Consejo. Los ciudadanos representados en el Parlamento Europeo tienen mucho que decir. El socialdemócrata Timmermans, encargado del Parco Verde Europeo, ha cumplido su promesa de presentar una propuesta de Ley del Clima en los primeros 100 días de su mandato. Pero el trabajo empieza ahora. Esta Ley debe establecer la dirección de la acción climática de la UE, otorgando previsibilidad a los inversores y garantizando la reversibilidad del cambio climático y los cambios estructurales necesarios para lograr una sociedad libre de carbono, fruto de una transición equitativa y justa. El cambio climático es un desafío transfronterizo que requiere una acción nacional, local y europea, pero sobre todo una acción global. La neutralidad climática en la UE es sólo el punto de partida para salvar nuestro planeta. Para ello, la UE debe continuar trabajando para liderar mediante la acción, la ambición y la coherencia el compromiso de la neutralidad climática en el resto del planeta. Artículo aparecido en www.larioja.com.

La semana pasada, pocos días antes de que acabara formalmente la COP25, un comentarista radiofónico decía que el titular sería el mismo que se viene repitiendo año tras año, COP tras COP: “se alcanza un acuerdo de mínimos”. También decía que las cuestiones conflictivas y realmente relevantes se postergarían, para decepción de cada vez más ciudadanos, como viene siendo habitual desde que científicamente el clima se ha convertido en un asunto de primer orden (parece que no así políticamente para los líderes negacionistas y populistas). Y efectivamente, un acuerdo de mínimos es lo que hemos conseguido. De poco han servido la base científica cruda y dura que describen los tres últimos informes del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y con la que contábamos para esta COP, ni el clamor multitudinario de millones de personas pidiendo acción política inmediata. Es cierto que muchos países, algo más de 80 en esta COP, se han hecho eco de la necesidad de acción y se han comprometido a revisar sus niveles de ambición para 2020 como se había acordado en París 2015. Pero estas buenas intenciones de una parte de los firmantes del Acuerdo se diluyen cuando países como EEUU -que está a un paso de abandonarlo-, China, Brasil, India, o Japón, cuyas emisiones totales suponen el 60% de las emisiones globales, se niegan a firmar un compromiso que les obligue a mejorar o actualizar sus planes climáticos para 2020. Asimismo, todos sabíamos que el éxito o fracaso de esta Conferencia de Partes se mediría por el desarrollo del artículo 6 del Acuerdo de París sobre el mercado global del carbono, y la adopción de un conjunto de nuevas normas que regirían este nuevo mercado, esto es, los detalles de fondo de cómo funcionará en la práctica este mercado. De acuerdo con el calendario previsto, los países deberían haber acordado estas normas el año pasado en Katowice, pero la cuestión se encalló entonces y se trasladó a las conversaciones de este año. Por desgracia, en esta COP25 las tensiones sobre múltiples partes de las reglas han estallado y de nuevo se ha trasladado la cuestión a las conversaciones del próximo año. También se ha discutido sobre la doble contabilización de las reducciones de emisiones y el comercio de los créditos de la era de Kioto. En la práctica, no es lógico a efectos climáticos que el país que vende reducciones de emisiones a través de créditos de compensación y el país que las compra puedan contar, por partida doble, esas reducciones de emisiones para sus propios objetivos climáticos. Pero lo que parece evidente y obvio para unos, no lo ha sido para otros países como Brasil, que aboga por una suerte de período de “exclusión voluntaria” a la prohibición del doble cómputo. Dice el slogan de la Cumbre Social por el Clima que esta COP ha supuesto “un fracaso más, una oportunidad menos”. Pero de los fracasos surgen nuevas oportunidades y es así como tenemos que afrontar el trabajo de cara a las negociaciones anuales que se celebrarán en Bonn en mayo/junio de 2020, y en la próxima COP26 que tendrá lugar el próximo año en Glasgow. Pero hay terreno para la esperanza porque ha sido destacable el papel brillante que la Unión Europea ha jugado en las negociaciones como precursora de planes de reducción más ambiciosos que ha materializado y ejemplificado con la adopción, coincidente con las negociaciones de la COP25, de un Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo principal es convertir a Europa en un continente climáticamente neutro en 2050. Y reseñable es igualmente la magnífica labor del gobierno socialista de España, por la encomiable organización de esta cumbre en tiempo récord. Cuando hay voluntad política de avanzar, y el gobierno socialista así lo demuestra, cualquier contrapié puede ser acometido. Como dice el dicho popular: “cuando se quiere, se puede”. Por eso, hay que trabajar con más ambición en 2020. Artículo aparecido en www.larioja.com.

Nuestro planeta agoniza. Su superficie y la atmósfera se calientan. Algunos de sus males, como los gases de efecto invernadero, los combustibles fósiles, los pesticidas, los residuos y la deforestación lo vienen azotando desde hace varias décadas y se necesita una acción global urgente para revertir este proceso que puede llevarlo irremediablemente a su fin. Celebro, por ser necesario e imprescindible, el grado de alarma y preocupación actual, impulsado en gran parte por la llamada generación Z, y me sorprende porque hace ya casi treinta años -casi el doble de los años de la mayor parte de los más jóvenes que se están movilizando en defensa de su futuro- que el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático -IPCC- publicó su primer informe en 1990 en el que se alertaba de la vulnerabilidad del planeta y de la necesidad de encontrar estrategias de respuesta. Asimismo, el informe confirmaba los elementos científicos que suscitaban preocupación acerca del cambio climático, lo que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a establecer en 1994 la Convención Marco sobre el Cambio Climático. En el marco de esta Convención, cuyas partes se reúnen desde entonces en conferencias anuales (COP), se firmó el Acuerdo de París hace cuatro años, donde las naciones del mundo fijaron límites temporales a 2020, 2030 y 2050 para suministrar el tratamiento que el planeta necesita, más allá de los cuales los daños causados serían irreversibles. Desde los orígenes del IPCC se han planteado muchos escenarios, los últimos en su reciente informe sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, donde más que escenarios futuros se describe un panorama nada halagüeño que será la triste y cruda realidad que vivirán las futuras generaciones si la inercia de la teoría negacionista nos sitúa en el limbo de la inacción política. [...] En su camino hacia una transición ecológica limpia, hay varios pilares básicos que no admiten demora y sobre los que la UE debe servir de ejemplo al resto de naciones, marcando objetivos ambiciosos que nos lleven a ser un continente climáticamente neutro en 2050: el aumento de las energías renovables en detrimento de los combustibles fósiles, la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de efecto invernadero en todos los sectores (desde los industriales altamente contaminantes al transporte por carretera, ferroviario, marítimo y aéreo, la vivienda, la agricultura, la construcción o los residuos, por citar algunos ejemplos). Además, la deforestación cero ha de ser también una realidad, pues la tala masiva de bosques y selvas supone una quinta parte de las emisiones de CO2 mundiales a la atmósfera. Por otro lado, como no suele haber prestación sin contraprestación, ni hay disuasión más efectiva a la contaminación que la sanción, la fiscalidad medioambiental también ha de estar en el centro de nuestras políticas. Por ello, estoy defendiendo en el Parlamento Europeo la introducción de un impuesto al carbono justo y progresivo lo antes posible, y como tal quisiera verlo reflejado en la declaración política de la UE en la COP 25 de Madrid y no muy tarde como una realidad europea por ley. Por último, necesitamos soluciones pragmáticas y efectivas y la voluntad política para llevarlas a la práctica. No obstante, eso no es suficiente. El sector privado, las organizaciones financieras, los inversores y la industria deben involucrarse al máximo y alinear sus acciones y objetivos con los objetivos de París. El papel de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos es también fundamental, como lo es el papel del mundo académico y científico que exitosamente contrarrestan los tan desafortunados argumentos de líderes negacioncitas como Trump o Bolsonaro. Todos tenemos que aportar nuestro grano de arena y ser parte de la solución. Juntos atajaremos el problema. No sé cuán tarde puede ser ya «pronto», pero confío en que sepamos reaccionar a tiempo. Se lo debemos al planeta y a quienes lo poblarán en el futuro. Artículo disponible en www.larioja.com

Hoy es un día histórico. La exhumación de Franco es una gran noticia para nuestra democracia (...). Puedes ver el vídeo de mi declaración aquí.

En los primeros capítulos de la tercera temporada de la serie (la recomiendo encarecidamente) aparece un personaje trumpiano que expone dos afirmaciones muy de la nueva derecha populista, xenófoba y nacionalista: ya no es tiempo de causas, sino de batallas, ni tampoco de hechos, sino de inventar realidades alternativas a la verdad. Pues bien, el 26 de mayo celebramos las elecciones más importantes a un Parlamento, solo superadas por la India, que se desarrollan en el mundo. Y desde luego que es la oportunidad para dar la batalla por la causa europea, la batalla por la unidad en la diversidad de Europa. Pero, ¿qué les molesta de la Unión a los eurófobos populistas nacionalistas? Que los hechos de la mejor causa de nuestra historia van ganando a sus batallas por intentar imponer mentiras con las que disfrazan su proyecto de desigualdad e injusticia. Porque la UE no es solo una democracia supranacional basada en un mercado común, sino que atesora unos valores de defensa del Estado de derecho, de igualdad entre mujeres y hombres, de los derechos humanos y de las minorías, así como de las libertadas civiles y políticas. En resumen, la Unión es democracia, progreso económico y bienestar social. Por eso, es tan importante acudir a votar para defender la construcción de la soberanía europea frente a los grupos políticos (de dentro y de fuera de la Unión) que quieren desmantelar el proyecto comunitario. El PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, con los socialistas europeos, queremos proteger la idea de Europa para que la Unión proteja a los ciudadanos. Para ello necesitamos una mayoría de izquierdas en el Parlamento, mayoría que ya ha conseguido en esta última legislatura introducir una mayor flexibilidad en las políticas del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento o que hubiese un gran Plan de Inversiones. Ahora se trata de impulsar una gran agenda socialdemócrata. Una agenda que, en primer lugar, ponga en marcha iniciativas de crecimiento, estabilidad y empleo de calidad. Que convierta el Mecanismo Europeo de Estabilidad en un Fondo Monetario Europeo que ayude con préstamos a la economía real, dote a la zona euro de un presupuesto propio, establezca los eurobonos como fórmula de compartir las responsabilidades y le amplíe las tareas al Banco Central Europeo, para que además de controlar la inflación, se dedique también a la promoción del empleo. El objetivo principal es desarrollar en esta legislatura las bases de la Unión Social. Los socialistas europeos lo tenemos claro: si no hay solidaridad, no habrá Unión. De acuerdo con esta idea, queremos establecer un seguro de desempleo europeo, tal como ya propuso Pedro Sánchez en el Consejo Europeo de octubre pasado, reforzar la garantía juvenil e implantar la garantía infantil. Además, vamos a impulsar el establecimiento de un salario mínimo europeo y a dotar a la Unión de nuevas prioridades en políticas imprescindibles en la agenda comunitaria, como son la introducción de la perspectiva de género en todas las políticas de la UE (PAC, política de cohesión, asignación de otros fondos europeos), la promoción de una estrategia europea para la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género, así como la transición ecológica justa de la economía, que incluya en la valoración global del progreso la existencia de desigualdades, la inclusión, la educación, la contaminación o la sobreexplotación de recursos en la línea de lo que recoge la Agenda 2030. Somos muy conscientes de que esta política ambiciosa de levantamiento de la Unión social necesita de recursos amplios. Queremos poner en marcha la 'tasa Tobin' comunitaria a las transacciones financieras, asignar al presupuesto de la UE una fracción de la base del impuesto de sociedades y también de los beneficios del Banco Central Europeo, y establecer impuestos a las emisiones de CO2 y a las grandes plataformas tecnológicas como Google, Amazon Facebook o Apple. No quería terminar sin hacer una referencia a una política europea muy importante para La Rioja y nuestra economía: la PAC y el desarrollo rural. Los socialistas vamos a seguir defendiendo las rentas de nuestros agricultores y ganaderos y la estabilidad de precios. Y en el marco de la reforma de la PAC, que entrará en vigor en 2022 o 2023 previsiblemente, nuestros objetivos van a ser asegurar, dentro del nuevo contexto medioambiental y de protección del clima, el margen de crecimiento de una agricultura y ganadería en expansión, la defensa del pequeño y mediano productor, de los jóvenes y de las mujeres, y la intervención más activa en innovación, despoblamiento y medio ambiente. Para llevar adelante estos propósitos será necesario que se mantengan el presupuesto al nivel de gasto actual y los pagos directos como principal instrumento para garantizar la estabilidad de las rentas, se articule la definición de agricultor genuino, a tiempo completo, así como el mantenimiento de programas de apoyo sectoriales al vino, las frutas y hortalizas y el sector apícola. Además, vamos a continuar con los trabajos que ya ha impulsado el Parlamento en la pasada legislatura, con apoyo socialista, para prolongar el régimen de autorizaciones administrativas de plantaciones hasta el 31 de diciembre de 2050. En definitiva, las próximas elecciones del día 26 para elegir a nuestros representantes en el Parlamento condicionarán buena parte de la senda que ha de tomar la UE en los próximos años. Los socialistas vamos a dar la batalla, porque en luchar por esta causa nos jugamos nuestro futuro. Y nuestro futuro pasa por más Unión Europea. Artículo aparecido en www.larioja.com.

El Gobierno socialista ha presentado recientemente unas líneas generales de la política presupuestaria que pretende llevar adelante, una política en la que se puede comprobar el cambio que Pedro Sánchez quiere imprimir en la dinámica económica nacional. La alternativa al ajuste por el ajuste, al austericidio, como dio en llamarse a los recortes sociales por sistema y contra el sistema, es una política presupuestaria que, cumpliendo con la estabilidad macroeconómica, ponga a las personas en el centro de los objetivos económicos del Gobierno. En un artículo reciente en el diario ‘El País’, el economista José Carlos Díez afirma: «Nuestros vecinos portugueses son un ejemplo que confirma que la socialdemocracia sigue viva en medio del virus populista global». Bien, en España la socialdemocracia sigue tan viva como en el país vecino, y son el PSOE y Pedro Sánchez quienes se están encargando de que cumpla con su función: garantizar la igualdad y proveer de políticas públicas para que la cohesión social sea la base sobre la que se sustente la convivencia en el marco de la democracia representativa. Pero, ¿cómo conseguir estos objetivos? Primero, protegiendo el Estado de Bienestar; segundo, reformar la fiscalidad para que vuelva a la lógica de la progresividad, a la lógica de la justicia, para que quien más tenga más pague, y para que las clases trabajadoras y medias salgan beneficiadas; tercero, con unas cuentas públicas saneadas; y cuarto, impulsando el desarrollo de un crecimiento más fuerte, sostenible y competitivo. Los presupuestos que resultarán de esta nueva política económica una vez, como así espero, la mayoría del Congreso los apruebe, serán la mejor noticia para la sociedad española, después de varios años de ajustes y recortes. Hablamos de una subida de las pensiones conforme al IPC real, y de una subida de las pensiones mínimas alrededor del 3%. Hablamos de un 40 % de aumento en el gasto de la dependencia y de incremento de 900 euros en el salario mínimo, de la eliminación del copago farmacéutico, del establecimiento del permiso de paternidad a tres semanas o de 150 millones más para becas. Y como decía el clásico, esto, ¿quién lo paga? El gobierno garantiza la estabilidad de las cuentas a partir de una reforma en el sistema de ingresos. Y lo hace como debe hacerse: subiendo el IRPF dos puntos a las rentas altas de más de 130.000 euros al año y a las ricas de más de 300.000 euros anuales, imponiendo un tipo mínimo a las grandes empresas a través del impuesto de sociedades y protegiendo a las PYMES y a los autónomos. Quien diga que a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos se les van a subir los impuestos, sencillamente miente. O como ahora se dice, propaga fake news, noticias falsas. Que miente como un bellaco vaya. En resumen, el presidente está impulsando una alternativa económica que va a beneficiar a la mayoría de la sociedad, algo que, por cierto, es lo que estaba esperando una mayoría también de los españoles. Artículo aparecido en www.nuevecuatrouno.com.

Dicho y hecho. Expresión usada "para explicar la prontitud con que se hace o se hizo algo", define el diccionario de la Real Academia Española. El pasado 13 de julio, los socialistas unieron ilusión y ganas para protagonizar un cambio lleno de esperanza en el PSOE. Legitimado por la fuerza del voto directo de los militantes, Pedro Sánchez fue elegido dos semanas después secretario general del Partido Socialista. Comenzaba así un proceso histórico de apertura que se acabará extendiendo, como proponemos, al resto de formaciones políticas. Desde entonces ha transcurrido un mes. En este tiempo, sin perder un solo día, la nueva dirección del PSOE se ha esforzado para traducir en acciones concretas las propuestas lideradas por Pedro Sánchez antes incluso de ser elegido secretario general. "Me han criticado que pidiera votar en contra de Jean-Claude Juncker a los eurodiputados socialistas. No ha sido un error. Fue coherencia", reivindicó el líder del PSOE un día después de ganar las primarias y en vísperas de la votación en la Eurocámara. Dicho y hecho. La coherencia se materializó horas después en el rechazo de los socialistas españoles del Parlamento Europeo al nombramiento del luxemburgués como presidente de la Comisión Europea. "Quizá alguien crea que las campañas electorales y lo que decimos en los mítines se lo lleva el viento, que una cosa son las promesas y luego viene la política real. Pues bien, para mí está claro: si prometemos votar 'no' a Juncker, votamos 'no' a Juncker", explicó Pedro Sánchez en su intervención de clausura del Congreso Extraordinario. Sí, se llama coherencia. Ese mismo día, en ese mismo discurso, el líder socialista levantó una bandera de identidad que pretendemos mantener izada en este tiempo nuevo en el PSOE: un compromiso inequívoco con la ejemplaridad. "El único patrimonio que exigiré a los responsables políticos será el patrimonio de la honradez y la transparencia", advirtió Pedro Sánchez. Y lo que eran palabras, se convirtieron en hechos un día después, al publicar en la web del PSOE las cuentas del Partido de 2012 y 2013. Prologamos así un ejercicio de transparencia que se ampliará en breve con la publicación de una completa declaración de bienes, rentas e intereses de los miembros de la comisión ejecutiva federal del PSOE, la dirección de los grupos parlamentarios en Europa, Congreso y Senado y del director gerente del Partido. Son algunas muestras de una forma de hacer que queremos que nos diferencie. Los socialistas estamos "en marcha", como nos reclama Pedro Sánchez y pide la ciudadanía. Tenemos ilusión, capacidad y fuerza para devolver la mirada y ofrecer esperanza a los que están a punto de perderla, a los que no pueden más con la crisis y a las clases medias y trabajadoras ahogadas por las políticas de la derecha que encabeza Mariano Rajoy. Por eso, sólo 48 horas después de ser elegido secretario general, Pedro Sánchez llevó a La Moncloa su primera propuesta formal al Gobierno: crear un subsidio de 426 euros para desempleados sin prestaciones y con cargas familiares. Dicho y hecho. Esta necesidad apremiante está ya registrada en el Congreso para su próximo debate. Acabo de repasar sólo algunos ejemplos que me gustaría que se entendieran como el prólogo de un proyecto lleno de ganas. Hemos hecho más. En este tiempo hemos combatido también la reforma fiscal de Rajoy y demostrado que hay una alternativa justa, hemos plantado cara al cambio unilateral en la ley electoral que pretende el PP para beneficiar sus expectativas menguantes en víspera de las elecciones municipales y hemos arrancado una intensa agenda social al lado de los colectivos desahuciados por los recortes de la derecha. Sólo hemos comenzado. He aludido ya al discurso de clausura de Pedro Sánchez en el pasado Congreso Extraordinario socialista. Una buena forma de cerrar este repaso apresurado es la cita con la que el líder del PSOE concluyó su intervención. Ahí acabaron las palabras y comenzaron los hechos: "Aquí estamos, en pie, en marcha para cambiar España una vez más. Lo hemos hecho dos veces. Vamos a hacerlo una tercera. A vuestro servicio". Lo estamos. Dicho queda. Vamos a hacerlo. Artículo aparecido en www.eldiario.es.