La nuez de Pedroso, las peras de Rincón de Soto, el queso camerano y, por supuesto, el vino de Rioja son solo algunos ejemplos de productos agrícolas de calidad de nuestra tierra protegidos por las normas europeas de indicaciones geográficas (IGs). Estas reglas, en activo desde la década de los 70 para el vino y desde los 90 para los productos agrarios y alimenticios, conforman uno de los grandes éxitos comunitarios. Esto se debe al valor añadido que han conseguido crear para los productos agrícolas, vinos y bebidas espirituosas.

Así, han conseguido, por un lado, la buena reputación y valoración de los consumidores y, por el otro, mayores ingresos para los productores. De hecho, el valor de venta de un producto con una denominación protegida suele duplicar el de productos similares sin certificación. Además, las distintas leyes comunitarias para la protección y reconocimiento de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen han impulsado el crecimiento de las regiones y las comunidades rurales a las que estas se vinculan. Las IGs se han convertido en una herramienta importante de apoyo no solo a un sistema agroalimentario más competitivo, sino también a un desarrollo más sostenible e integrado de nuestras zonas rurales.

Pero los tiempos cambian y los retos del mercado mundial exigen una puesta al día legislativa que garantice no solo la protección de estos productos, sino también su promoción, su adecuación a los nuevos tiempos y una mejor gestión administrativa. Con este propósito, la Comisión Europea presentó su propuesta legislativa a finales del año pasado con una visión clara sobre las indicaciones geográficas que compartimos en el Parlamento Europeo: los criterios de calidad y la estructura fundamental de los regímenes de IGs permanecen sin cambios porque lo que se pretende fortalecer es el esquema de calidad en sí mismo, facilitando que se adopte en el conjunto de la UE como un instrumento de propiedad intelectual.

Por este motivo, el informe aprobado por el Parlamento Europeo esta semana mantiene el enfoque del Ejecutivo comunitario en lo principal, apostando por una única ley que funda los tres textos que rigen actualmente sobre productos de calidad en la Unión: el reglamento para productos agrícolas y alimenticios (2012), el reglamento para vinos (2013) y un último para bebidas espirituosas (2019). Todo ello sin menoscabo de las especificidades de los diferentes sectores.

Además, apuesta por cuatro ejes de acción. Primero, otorga mayor responsabilidad a los consejos reguladores para que puedan actuar más y mejor en la defensa de sus productos, por ejemplo, frente a las prácticas de devaluación del nombre y para la promoción del turismo con IGs. Segundo, persigue una mayor protección en el mercado internacional y en el comercio digital. Tercero, simplifica y clarifica el papel de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), lo que limita la aprobación a nivel europeo de aquellos pliegos de condiciones que tengan repercusión en el mercado único, con todos los demás cambios tratados a nivel nacional. Cuarto y último, reconoce la sostenibilidad intrínseca de los productos en IGs al tiempo que faculta a los Consejos reguladores para que puedan desarrollar un informe de sostenibilidad que explique sus acciones en términos medioambientales, económicos, sociales y de respeto al bienestar animal.

Algunas de las ventajas concretas de la propuesta de la Eurocámara incluyen el cierre automático de los dominios de internet que usan ilegalmente IGs, la protección de las indicaciones geográficas contenidas en alimentos procesados, la limitación de plazo de registro de las nuevas indicaciones a cinco meses y el aumento de derechos y apoyo financiero para las agrupaciones de productores reconocidas. De ellas podrán beneficiarse los productores de las más de 3.500 indicaciones geográficas protegidas hoy día en la UE (aproximadamente un 10% de las cuales son españolas). Teniendo en cuenta que las ventas de productos IGs suponen en torno a 75 mil millones de euros al año y que más de la mitad de ese valor corresponde a las ventas de vino, es evidente la importancia que reviste este nuevo reglamento y el impacto tan positivo que puede suponer para nuestro país y para nuestra comunidad.

Por ello, es una excelente noticia que el Parlamento Europeo aprobara casi por unanimidad la propuesta de ley (603 a favor, 18 en contra y 8 abstenciones). Así será todavía más fácil negociar con los Estados miembros y la Comisión Europea el texto definitivo en los próximos meses. La Presidencia española del Consejo, que comienza el 1 de julio, dará al aldabazo definitivo a la nueva norma sobre indicaciones geográficas, que modernizará el actual sistema de excelencia para que siga funcionando con éxito dentro y fuera del mercado comunitario, físico y digital.

Artículo disponible en www.larioja.com.