Hace casi tres años, el Parlamento Europeo declaraba -en una resolución política- la emergencia climática, y la Comisión Europea publicaba el Pacto Verde Europeo, su hoja de ruta para conseguir una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050, que tuvo su primera traslación legal en la aprobación de la Ley Europea del Clima el año pasado.

Para alcanzar el objetivo de neutralidad climática a largo plazo, la Ley del Clima recoge la obligación de que la UE reduzca sus emisiones en un 55% para 2030 en comparación con 1990. El “Paquete Objetivo 55” o “Fit for 55”, que es como comúnmente se le conoce y que fue presentado en julio de 2021, es el conjunto de propuestas legislativas y reformas necesarias para alcanzar ese objetivo a 2030 y tiene como misión principal convertir la década de 2020 en una década de trasformación para la acción climática. Sin este nuevo paquete, con la actual legislación climática de la UE, Europa solo lograría una reducción de emisiones del 60% para 2050.

En los plenos de junio, el Parlamento Europeo, tras casi un año de largas y arduas negociaciones, ha dado luz verde a la mayor parte de dosieres que componen este paquete legislativo, que marcan la entrada de la política climática en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y empresas. Entre los múltiples dosieres destaca la reforma del sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS) que engloba a sectores industriales altamente contaminantes y cuyas normas se ven reforzadas para conseguir una reducción del 63,2% de sus emisiones en 2030 en comparación con los niveles de 2005. Esta cifra es superior al 61% de la propuesta original de la Comisión.

La creación de un mecanismo de ajuste en frontera del carbono o CBAM, que gravará el contenido de carbono de las importaciones de varios sectores en riesgo de fuga de carbono, es otro de los dosieres clave. Este nuevo mecanismo garantizará la igualdad de condiciones para las empresas de la UE que podrían verse en desventaja competitiva a medida que Europa profundiza en su descarbonización, y se aplicará progresivamente desde 2027 a 2032, año en el que sustituirá completamente a los derechos de emisión gratuitos que disfrutan estos sectores.

El trasporte también ocupa un lugar destacado en las reformas. Además de aprobar los ambiciosos objetivos de emisiones de CO2 para los turismos y vehículos ligeros nuevos para 2030, el Parlamento ha respaldado el objetivo de la propuesta de la Comisión para que todos los coches y furgonetas nuevos sean de cero emisiones en 2035, lo que de facto supone el fin del motor de combustión interna para este tipo de vehículos, y que los grupos conservadores intentaron diluir. A su vez, el transporte marítimo se ha incorporado al ETS, y desaparecerán las asignaciones gratuitas para el sector de la aviación en 2025, frente a la fecha de 2027 de la propuesta de la Comisión, aunque se mantiene una cantidad de derechos de emisión para los operadores que usen combustibles de aviación sostenibles o SAF por sus siglas en inglés.

Un caballo de batalla ha sido la propuesta de la Comisión de extensión del ETS al transporte por carretera y a la edificación en una suerte de ETS2, que tras el voto en el Parlamento se aplicará a partir de 2025 a los operadores comerciales y, solo en 2029, a operadores no comerciales, previa evaluación y nueva propuesta legislativa de la Comisión en la que se deberá tener en cuenta la mejora o no de la situación de movilidad y pobreza energética en la UE. Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo hemos sido determinantes para evitar que el ETS2 entre en vigor en la actual crisis de precios de la energía, a través de esta pausa de emergencia que pospondrá el ETS2 para los hogares hasta que los precios sean más bajos.

La Comisión Europea, conocedora de las inevitables repercusiones sociales de esta extensión, propuso crear un Fondo Social para el Clima ligado a la existencia del ETS2, en un intento de amortiguar el impacto del sistema en los ciudadanos por el aumento de los precios del combustible en transporte y de las facturas de calefacción. Dado que a medida que la descarbonización se extienda a toda la economía, la equidad social será crucial, los socialdemócratas hemos conseguido garantizar un Fondo Social del Clima fuerte a pesar del retraso en la introducción del sistema en los hogares, que apoyará sustancialmente a los hogares más vulnerables mucho antes de que tengan que pagar más por CO2.

Por otro lado, más allá de las emisiones, las absorciones también son reguladas en este paquete normativo a través de la revisión del reglamento que regula el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, que fija un objetivo de absorciones vinculante de la UE de 310 millones de toneladas de CO2 con los correspondientes objetivos nacionales que han sido respaldados por el Parlamento.

Aunque aún están en discusión otras medidas, como el aumento de los objetivos de energía renovable y eficiencia energética, la reforma de la fiscalidad energética, o los dosieres que regulan las infraestructuras de combustibles alternativos y el uso de combustibles renovables por los sectores marítimo y aéreo, las medidas recién aprobadas en junio constituyen el grueso de las emisiones y convierten a la UE en la primera gran economía global que empieza a traducir el objetivo de neutralidad climática en políticas reales.

Tras la aprobación en Pleno de estos dosieres comienzan las negociaciones con la Comisión Europea y el Consejo, donde esperamos que los dos pilares de guía sean la ambición climática y la transición justa, que son además los elementos más importantes para que las medidas tengan el éxito medioambiental y social esperado a largo plazo.

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