En la Unión Europea (UE), la Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, pactaron una disputada Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca restaurar el 20 % de ecosistemas terrestres y marinos dañados de la Unión Europea para 2030, y todos ellos para 2050.

La normativa fue acordada luego de que el parlamento europeo le otorgará, en julio de este año, la luz verde en una ajustada votación en la que sectores de ultraderecha expresaron su rechazo. Este jueves la ley se pactó después de una reunión de 11 horas en Bruselas (Bélgica).

“Hemos logrado un acuerdo para recuperar aquello que nos genera no solamente vida, también servicios económicos y sociales, que impacta en el bienestar de las personas y en la viabilidad de la mayor parte de nuestras actividades, incluida, cómo no, la seguridad alimentaria”, dijo la ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.

La Ley de la Restauración de la Naturaleza parte de una propuesta lanzada en diciembre de 2022 por la Comisión Europea para acompasar el paso con los acuerdos sobre biodiversidad alcanzados en la COP15 de Naciones Unidas.

El acuerdo final contempla que, hasta 2030, se priorice la restauración de los espacios de la red Natura 2000, uno de los ajustes que se han introducido para forjar el difícil acuerdo político. Así, los países deberán tomar medidas para restaurar espacios naturales devaluados, proteger humedales, o, entre otras, eliminar barreras obsoletas que impidan el fluir de los ríos.

Los países tendrán requisitos específicos para frenar la disminución de polinizadores y el objetivo de restaurar para 2030 el 30 % de las turberas vaciadas para uso agrícola; mantener madera muerta en los bosques para mejorar la biodiversidad de los ecosistemas forestales y no reducir espacios verdes urbanos.

En un guiño a los agricultores, el texto acordado permite suspender las medidas del reglamento hasta un año “por razones de emergencia no esperadas no sea posible cumplir con algunos de estos objetivos en el plazo previsto”, explicó Ribera.

Los sectores que rechazan el proyecto aseguraban que la ley amenaza la seguridad alimentaria, obliga a los campesinos a ceder parte de sus tierras para preservar la biodiversidad y compromete el despliegue de infraestructuras de energías renovables, mientras que la extrema derecha asegura que es producto del “fanatismo climático”.

En el campo contrario, las oenegés ecologistas, otras plataformas agrícolas, la comunidad científica, los cazadores, las empresas de energías renovables, un amplio surtido de multinacionales y cerca de un millón de ciudadanos, que firmaron una petición a favor de la ley.

El acuerdo político alcanzado en la negociación aún tendrá que ser validado tanto por los Estados miembros a través del Consejo de la Unión Europea como por el pleno de la Eurocámara.

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