El Parlamento europeo ha aprobado esta semana por amplia mayoría la nueva Política Agrícola Común. La votación ha concluido un largo proceso político y legislativo iniciado en 2018 con la propuesta de la Comisión Europea de tres nuevos reglamentos. Los Estados miembros, las instituciones europeas y los grupos políticos hemos debatido y negociado para sacar adelante uno de los pilares fundacionales de la Unión y, a día de hoy, uno de los mayores capítulos de gasto.
Concretamente, un tercio de los recursos comunitarios están destinados al sector agrario, lo que nos da una idea de la importancia que reviste la adopción de esta nueva PAC. Sobre todo, porque la reforma llega en plena aplicación y desarrollo del Pacto Verde Europeo. La lucha contra el cambio climático y el objetivo de neutralidad climática para 2050 son causas transversales que afectan a todas y cada una de las políticas comunitarias. Por eso, la PAC recién aprobada ofrece un marco normativo más respetuoso que nunca. Mucho hemos tenido que ver los socialistas en el impulso de esta ambición verde y social. [...]
Si algo destaca en esta reforma es el carácter de justicia social que plantea. En otras palabras, preocuparse de la tierra es fundamental para el porvenir de todos. Ocuparse de quien la trabaja es una obligación primordial para la sostenibilidad de la actividad en sí misma. En este sentido, me alegra especialmente como socialista desgranar aquí dos aspectos novedosos de la política agrícola común.
Por un lado, la introducción de la perspectiva de género. El papel de la mujer rural en la agricultura no solo se incluye, por primera vez, entre los objetivos de la PAC, sino que pasa a ser un propósito prioritario. Las mujeres rurales son indispensables en la agricultura y el medio rural, aunque, con frecuencia, invisibles. Pese a representar aproximadamente al 50% de la población total en edad de trabajar en las zonas rurales de la UE y pese a llevar a cabo el 53,8% de la tarea a tiempo parcial y el 30,8% a tiempo completo (datos de 2014), no existen cifras claras sobre su participación en la agricultura como propietarias o como empleadas.
Para contribuir a resolver este problema y reforzar el papel de la mujer en la agricultura, la nueva PAC obligará a los Estados miembros a integrar medidas, de manera horizontal, por la igualdad de género en todos los programas o medidas del Plan Estratégico Nacional que deben presentar al Ejecutivo europeo a partir de ahora para su aprobación.
Por otro lado, y en relación con el empleo y el relevo generacional, hay que destacar también el 3% de ayudas, como mínimo, que debe destinarse a los jóvenes agricultores (hasta ahora era un 2% máximo); la introducción de un techo de ayudas por explotación y año a partir de 100.000 euros y el establecimiento de una «condicionalidad reforzada». Es decir, a partir de ahora se exigirá el cumplimiento obligatorio de una serie de buenas prácticas agrícolas y medioambientales (más estrictas que las actuales), para acceder al pago de la PAC. Los Estados miembros deberán garantizar que se respetan los derechos laborales de todos los trabajadores de la agricultura porque, si no, no cobrarán las ayudas correspondientes. En definitiva, tenemos una nueva PAC lista para entrar en vigor en 2023 (hasta entonces seguirá de aplicación el Reglamento de Transición que garantiza los pagos) y preparada para la nueva realidad del siglo XXI. La nueva política agrícola será buena para los intereses de España y de La Rioja, que ve, además, cómo las autorizaciones para plantaciones de vid se alargan desde 2030 a 2045.
Más justa, más social y más verde, permitirá mantener un equilibrio entre la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas y el compromiso ambiental y climático en el marco del Pacto Verde Europeo, al tiempo que apoya la competitividad y sostenibilidad del sector.
Artículo publicado en www.larioja.com