Repetir que Doñana es una joya de la biodiversidad, un mosaico de ecosistemas con importantes implicaciones medioambientales y ramificaciones más allá de la Península Ibérica, es una perogrullada. Sin embargo, estos días parece necesario recordarlo ante el alud de despropósitos y falsedades que circulan, cortesía del Partido Popular. Así que hablemos claro para resolver las dudas.
Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Doñana? En este punto de nuestra geografía convergen dos niveles distintos de protección: el Parque Nacional de Doñana, con la máxima protección y reconocimiento regional, nacional, europeo e internacional, y el parque natural de Doñana, ampliación del primero a las zonas limítrofes por su alto valor biológico y ecológico. El quid de la cuestión reside en entender que ambos, que toda la comarca, comparten un mismo acuífero (Almonte-Marismas del Guadalquivir) de 2.400 kilómetros cuadrados.
Segundo, ¿quién manda en Doñana? La respuesta corta es que las dos administraciones: la regional (competente en la ordenación del territorio y políticas agrícolas) y la nacional (responsable de las políticas de agua y las concesiones para el riego). La respuesta larga incluye a las autoridades comunitarias, encargadas de velar por el buen cumplimiento de la legislación europea que, en lo que nos concierne, se refiere a dos figuras de derecho: la Red Natura 2000 (a la que pertenece Doñana y que obliga a España a proteger el Parque Nacional) y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE de 2021 que condenó a España, precisamente, por no impedir el robo de agua.
Tercero, ¿qué quieren hacer Partido Popular y VOX? Recalificar el suelo de alrededor de un millar de hectáreas para considerarlos de regadío y legalizar, así, a los que están operando a día de hoy con agua extraída irregularmente en el entorno de Doñana. Es decir, la norma permitirá a estos “nuevos” agricultores acudir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) para recibir las aguas superficiales que está previsto por el MITECO que lleguen a Doñana desde otra cuenca del oeste de Huelva.
¿Qué persigue el Partido Popular prometiendo agua que no existe y exponiéndonos a tanto riesgo? Pues he aquí la verdad más triste: un puñado de votos
¿Es este un disparate desde todos los puntos de vista? Rotundamente, sí. En términos medioambientales es un suicidio. El acuífero del que todo depende está por debajo del 30% de su capacidad. Y esa cuenca, a la que hipotéticamente accederían, ya sufre restricciones este año para sus propios regantes. Más aún, como ha dicho la Vicepresidenta Teresa Ribera, las inversiones en infraestructuras efectivamente previstas por el Gobierno para llevar aguas superficiales a Doñana desde la cuenca occidental tienen por objeto recuperar el parque, no regar las explotaciones agrícolas. Y, lejos de mejorar, las sequías prolongadas que vivimos actualmente tienen visos de ponerse mucho peor en el futuro inmediato a causa del cambio climático y la vulnerabilidad de nuestro país (cabe recordar que el 75% de nuestro territorio está en riesgo de desertificación). Otro pequeño detalle: tenemos la reserva hídrica en mínimos históricos. Hagan sus cuentas.
Pero es que, en términos legales, tampoco hay manera de sostener esta locura. Por eso, de salir adelante, (1) el Gobierno de España ya ha anunciado que recurrirá la ley en el Tribunal Constitucional –recuerden el punto dos sobre competencias– (2), la Comisión ha advertido en múltiples ocasiones de que utilizará "todos los medios a su disposición" (léase aquí multas millonarias que terminaremos pagando todos los ciudadanos) para garantizar que España protege y recupera Doñana. Las últimas esta misma semana a través de su respuesta (fechada el 20 de abril) a una pregunta escrita que yo mismo realicé en mi calidad de eurodiputado junto al compañero socialista Javi López, así como de una carta del Comisario de Medioambiente al Gobierno de España. Y (3), la UNESCO ha anunciado una evaluación para septiembre en la que nos jugamos la retirada de la declaración de Patrimonio de la Humanidad.
Por último, en términos económicos, esta pretendida propuesta no soluciona nada, más bien lo contrario. Los agricultores de la zona se han dividido como consecuencia de una propuesta que, por un lado, recompensaría a quienes les han estado haciendo la competencia desleal durante años y, por otro lado, les obligaría a compartir un agua cada vez más escasa. El PP dice que 600 familias se verán beneficiadas gracias a ellos. Lo que no cuentan es a todos los que perjudicarán. Tampoco calculan el daño reputacional y el golpe tan tremendo que pueden llevarse las exportaciones agrícolas españolas en general y las de frutos rojos en particular (unos 1.500 millones de euros).
Entonces, ¿qué persigue el Partido Popular prometiendo agua que no existe y exponiéndonos a tanto riesgo? Pues he aquí la verdad más triste: un puñado de votos. VOX asusta al Partido Popular, así que sus líderes a nivel regional y nacional están dispuestos a todo con tal de no ponerse de frente. Semejante maniobra electoralista los pone en evidencia y los retrata como lo que son: unos auténticos irresponsables. No confío en que corrijan su deriva, pero sí en nuestra capacidad conjunta para pararles los pies. Y, lo que es más importante, que todos, para salvar Doñana, el mayor y más importante humedal de Europa.
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