La contaminación en Europa provoca 400.000 muertes prematuras al año, multiplica la posibilidad de desarrollar enfermedades y afecta al crecimiento de los más pequeños. Un fenómeno que impacta especialmente en los grandes núcleos urbanos.

En consecuencia, la Unión Europa lleva más de una década desarrollando una normativa que exija mínimos estándares de calidad del aire y promueva estrategias que permitan una drástica reducción de la contaminación atmosférica. Un esfuerzo que debe implicar al conjunto de las administraciones y que requiere de acciones en la gestión de nuestra energía, infraestructuras o transporte.

En este sentido, las grandes ciudades europeas están promoviendo zonas de bajas emisiones en sus centros y núcleos históricos con el objetivo de reducir las congestiones y acompañar una estrategia de reducción de la contaminación, que es hoy un imperativo europeo y forma parte del propio sentido de la Historia.

Es dentro de este marco que hay que entender y analizar la puesta en marcha de Madrid Central en 2019. Una reciente medida que perseguía reducir la contaminación y la emisión de dióxido de nitrógeno a la atmósfera para proteger la salud pública. Una medida que estaba consiguiendo con las primeras mediciones el objetivo que perseguía en una comunidad en la que se producen 15 muertes prematuras al día por la contaminación.

Sin embargo, mientras podemos exhibir en el ámbito comunitario exigentes medidas en favor de la sostenibilidad y de lucha contra la emergencia climática, el nuevo gobierno municipal de Madrid, conformado por Populares y Ciudadanos con el necesario apoyo de la extrema derecha, ha decidido revertir Madrid Central como medida estrella en su aterrizaje en la cabina de mando de la ciudad. En términos comparados, también cabe recordar que la inexistencia en España de cordones sanitarios hace posible que hoy gobiernen la derecha y la ultraderecha en la capital.

En el último pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la delegación de los socialistas españoles hemos defendido ante la Comisión Europea la necesidad de imponer una cláusula de no reversión posible ante las medidas de carácter medioambiental en la necesaria revisión de la Directiva de calidad del aire. Es decir, que decisiones y prácticas como Madrid Central, una vez han demostrado su rendimiento y efectividad en favor de la salud pública, ya no puedan ser revertidas por ninguna administración.

Lo que está ocurriendo en Madrid está felizmente siendo paralizado por organismos jurisdiccionales nacionales y contestado por la Comisión Europea, al haberse convertido en el desencadenante de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de la directiva de la calidad del aire. De hecho, la UE está hoy exigiendo mayores y más drásticas medidas a España para mejorar la calidad del aire en Madrid y Barcelona.

En ese sentido, conviene tener presente uno de los autos emitidos por la justicia española estos días pasados. Dice: "Ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente, como es Madrid Central, el acuerdo municipal [que la suspendía] no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental". Y sigue el juez: "La protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos".

Defendemos que esta situación a la que nos ha llevado un Gobierno municipal reaccionario y negacionista no pueda volver a repetirse. No puede volver a repetirse ni en Madrid ni en ninguna otra ciudad de la Unión. Porque medidas como las de Madrid Central son un buen ejemplo para Europa y para el mundo: hay que protegerlas y defenderlas.

Artículo aparecido en www.eldiario.es.