Europa no se olvida de Ucrania. Los continuos ataques sobre el país que ejerce Rusia han llevado a la UE a aprobar, hace apenas unos días, un nuevo paquete –el octavo– de sanciones contra el país que gobierna Vladimir Putin.

Este paquete introduce, entre otras, nuevas prohibiciones de importación de la UE por valor de 7.000 millones de euros para cortar los ingresos de Rusia, así como restricciones a la exportación, lo que privará aún más al complejo militar e industrial del Kremlin de componentes y tecnologías clave, y a la economía rusa de servicios y conocimientos especializados europeos. Es la forma 'pacífica' de la UE de responder a la continua escalada de Rusia y a la guerra ilegal contra Ucrania, también por la anexión ilegal de territorio ucraniano sobre la base de 'referendos' ficticios, la movilización de nuevas tropas y las amenazas nucleares expresas.

El europarlamentario riojano César Luena valora positivamente las acciones de castigo emprendidas por Europa contra el país invasor: «Ante la continua escalada de la guerra rusa en Ucrania y la celebración de referéndums ilegales para justificar la anexión de territorio ucraniano, la Unión Europea ha respondido con contundencia. Con este octavo paquete de sanciones dejamos claro que el aumento de la violencia por parte del Kremlin siempre tendrá respuesta por parte de la Unión».

Pero a la vez que la UE impone más sanciones, también trabaja en mejorar las consecuencias que la guerra está teniendo en la economía de los países miembros y en los ciudadanos y por ello, el Parlamento reclama más medidas de emergencia para aliviar la presión que el incremento de los precios energéticos ejerce sobre los hogares y empresas europeos. Hay que evitar que las personas se vean obligadas a elegir entre «comer o calentar», recalca la resolución aprobada hace escasos días, que también pide a los Estados miembros medidas para que no se corte el suministro a los consumidores ahogados por el incremento de sus facturas de energía, así como evitar desahucios en aquellos hogares vulnerables.

Luena, al respecto, considera que «la Resolución del Parlamento tiene como uno de sus ejes fundamentales el establecimiento de un límite para los ingresos de la producción y venta de electricidad mediante tecnologías inframarginales. Los socialdemócratas llevamos desde 2021 reclamando esta medida, así como la introducción de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Con la recaudación que se obtenga se podrán mitigar los efectos negativos de la crisis energética sobre los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables».

Por esta razón, el vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria apunta a la necesidad de atender a los más vulnerables 'con cargo' a los beneficios de las energéticas : «La situación es grave: más del 10% de la población de la UE sufre los efectos de la pobreza energética y la subida de los precios de la energía amenaza con empeorar la situación. Desde el grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo hemos defendido la necesidad de dar una respuesta comunitaria, con límites de precios, impuestos temporales a las energéticas... Los beneficios inesperados de estas también deben revertir en los ciudadanos, en especial en los hogares vulnerables y en las pymes».

Artículo disponible en www.larioja.com.