En los últimos meses, hemos asistido a una crisis derivada del uso de vapeadores, con varios muertos en Estados Unidos, 1 en Bélgica, y cientos de afectados.

Entre 2011 y 2018, las tasas de uso del e-cigarrillo entre los jóvenes de Estados Unidos han aumentado del 1,5 % al 20,8 %. En España, un informe del Ministerio de Sanidad he revelado recientemente que la mitad de los adolescentes de entre 14 y 18 años han consumido estos cigarrillos: dos años antes, solo era 1 de cada 5 adolescentes.

La OMS ha advertido en repetidas ocasiones de los impactos en la salud de este tipo de productos, que califica de «indudablemente nocivos» y que socavan los esfuerzos de control del tabaquismo.

La legislación europea no parece adaptada a esta realidad.

En la reunión del pasado 28 de noviembre del Subgrupo sobre cigarrillos electrónicos establecido por el Grupo de Expertos en Política del Tabaco, los expertos manifestaron un amplio consenso en que los líquidos que contienen cannabidiol o CBD pueden crear la impresión de que un producto tiene beneficios para la salud. Igualmente, algunos Estados miembros manifestaron en relación a los e-líquidos sin nicotina la existencia de un vacío legal al respecto dado que no están cubiertos por la Directiva de Productos del Tabaco.

A mayores, en un documento de trabajo sobre la directiva de 2011 sobre impuestos del tabaco, publicado la semana pasada, la propia Comisión apuntaba que esta directiva ya no es apta para el propósito que fue diseñada y que es necesario un enfoque más amplio, holístico que tenga en cuenta todos los aspectos relacionados con el control del tabaco, incluyendo salud pública, imposición, la lucha contra el comercio ilegal, el medio ambiente, pero también la nueva agenda europea contra el cáncer.

Todo ello apunta a la necesidad de nueva regulación, tanto relacionada con los productos del tabaco como con los nuevos productos no nicotínicos.

Puedes ver mi intervención en la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aquí.